El Gobierno está dispuesto a ceder a las exigencias planteadas por la Generalitat de Catalunya y por la Comunidad de Madrid y asumirá el coste que supondrá a ambas comunidades la bajada del precio de los billetes de Cercanías en un 5% contemplada en el plan de ahorro energético aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

'Estamos dispuestos a poner ese dinero', recalcó ayer el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, 'porque nos parece muy importante que ese recorte se produzca también en Madrid y Barcelona'. La medida, que pretende incentivar el uso del transporte público y, como consecuencia, disminuir el consumo de combustible, se encontró esta semana de frente con las administraciones catalana y madrileña, que no estaban dispuestas a asumir su coste.

El Ejecutivo tiene previsto iniciar hoy mismo las conversaciones con ambas comunidades para 'hacer los cálculos' y decidir de qué manera sufragará esa cuantía. No obstante, las dos administraciones se mostraron ayer receptivas a la negociación con el Gobierno.

El secretario de Movilidad y Transporte de la Generalitat, Damià Calvet, celebró que el Ejecutivo 'rectifique su postura inicial' aunque advirtió de que el acuerdo final debe incluir medidas que completen todas aquellas infraestructuras previstas en el Plan de Cercanías de Catalunya y que no han sido todavía ejecutadas.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, recordó que es Catalunya la que tiene la última palabra sobre la rebaja de tarifas, pues 'tiene competencias exclusivas'. Por ello consideró que 'Madrid debe tener claro que no puede decidir de forma unilateral' esa medida, que el Gobierno de Mas ha calificado de 'improvisada', informa Pau Corts desde Barcelona.

La iniciativa se enmarca en el plan de eficiencia energética aprobado ayer, que recoge 20 medidas con las que el Ejecutivo pretende paliar los efectos en la economía del encarecimiento del barril de petróleo como consecuencia de las revueltas que están teniendo lugar en el norte de África.

La puesta en marcha del plan, que se centra en los secto-res de transporte, iluminación y edificación, conllevará una inversión de 1.151 millones de euros. Pero según las previsiones del Gobierno, este gasto se traducirá en un ahorro estimado de 3,2 millones de toneladas de petróleo al año unos 28,6 barriles cuyo coste roza los 2.300 millones de euros.

El Ejecutivo quiso salir ayer al paso de las críticas que ha encajado esta semana ante el anuncio de las medidas que contemplan desde la reduccióndel límite de velocidad de los coches, hasta diversas campañas de sensibilización ciudadana. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo dedicada prácticamente en su totalidad a justificar esta nueva iniciativa gubernamental.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que el Ejecutivo ha decidido aprobar el plan 'por responsabilidad y coherencia'. Recordó la alta dependencia energética de España, ya que 'el 75% de sus recursos energéticos provienen del exterior'. En concreto, el ministro señaló que el Gobierno 'tiene que tener cautela' con lo que ocurra en el norte de África, ya que 'el suministro a España está ligado' a países como Libia o Argelia.

Asimismo, insistió en que los planes de ahorro están en la agenda del Gobierno desde que el PSOE accedió a la Moncloa en 2004. Desde ese año, España ha reducido en un 14% su intensidad energética aunque dicha reducción 'es aún insuficiente' para Sebastián, ya que el consumo español está por encima de la media europea y, por lo tanto, aún se puede 'hacer un esfuerzo' para disminuirlo.

Además de la bajada del precio de los billetes de Cercanías y de la reducción del límite de velocidad, la medida que más rechazo ha provocado entre las administraciones locales ha sido la que prevé la renovación del sistema del alumbrado público municipal. Se trata de cambiar las lámparas de vapor de sodio por otras de mayor eficiencia y menor consumo.

Sebastián quiso ayer dejar claro que la iniciativa será 'gratuita para todo el mundo' y que, por lo tanto, no será un gasto adicional para los ayuntamientos. Industria financiará las instalaciones en los más de 2.200 municipios que tienen menos de 200 habitantes.

En los demás, serán las empresas de servicios energéticos las que renovarán el alumbrado, a cambio de beneficiarse después del ahorro energético que supondrán las nuevas bombillas a los consistorios. En definitiva, las empresas realizarán tanto el proyecto como la inversión necesaria para lograr el ahorro energético y obtendrán sus ingresos de parte del ahorro que tendrán los ayuntamientos. Su gasto energético será menor pagando lo mismo.