Cada año desde hace dos, pasan por las aulas de la escuela de negocios IESE unos 400 cargos de distintas administraciones públicas para recibir formación sobre cómo mejorar la rentabilidad que se saca a cada euro de los impuestos. Cargos a caballo entre los técnicos y los políticos que proceden desde Presidencia de Gobierno a consejerías de comunidades autónomas, la Abogacía del Estado o ayuntamientos. La ola de austeridad aprieta. Los presupuestos menguan, los objetivos de recorte del déficit se han vuelto férreos. España gasta más de lo que ingresa y eso la ha hecho dependiente de decisiones que vienen del exterior. Toca tijera. Antonio Núñez, director del Departamento de Programas Especiales de Gestión Pública del IESE, se ha traído de Harvard la filosofía de que midiendo los resultados del gasto público, haciendo responsables a los políticos de lo que hacen con el dinero de los contribuyentes, se consigue que ahorren. Cree que España, pero también el resto de Europa, tiene mucho que andar en ese sentido, pero también asegura que recorrer el camino de la profesionalización de la gestión pública es ineludible y ya se ha empezado.

¿Cómo se puede convertir a las administraciones públicas en eficientes? En muchas ocasiones parecen conceptos reñidos.

«En España evaluamos más el resultado de las políticas de cooperación que el de la Sanidad»

El sector público es la primera empresa del país en volumen de dinero y personas gestionados y, como toda empresa, necesita una cuenta de resultados que evalúe las políticas públicas, no sólo que cada euro gastado se haya gastado legalmente, sino si con ese euro se han conseguido los mejores resultados. Por otro lado, necesita un plan estratégico, que en teoría está contenido en el programa electoral. Y, como toda empresa, para gestionar mejor este país vamos a necesitar cientos de directivos públicos profesionales. Gente que cuando cambie el partido gobernante siga en la gestión pública por su valía. En España, la figura del directivo público no existe.

La semana pasada trajo usted al profesor Dan Levy de Harvard, experto en gestión pública. ¿Qué receta enseñó a los futuros directivos públicos españoles?

Les explicó qué es la evaluación y por qué es imprescindible. Partiendo de un gasto en el sector sanitario en España de 80.000 millones de euros, Levy preguntó qué indicadores tenemos para saber si se están empleando bien. Le costaba creer que en algunas comunidades autónomas no existan indicadores externos de evaluación, que tengamos más requisitos de evaluación para las políticas de cooperación y desarrollo que para las políticas internas, cuando el volumen destinado es mucho mayor en el segundo caso. En Reino Unido, por ejemplo, tienes varios indicadores para cada uno de los médicos: porcentaje de éxito de las operaciones, etc. Una de las grandes evaluaciones que explica Levy es la de impacto. Consiste en comparar el colectivo al que te diriges con otro similar al que no para saber qué hubiera pasado si no hubieras actuado. Se hace por ejemplo en la enseñanza, con programas de refuerzo y comparando después el índice de abandono escolar.

«El efecto que tiene estudiar los resultados sanitarios y comunicarlos es espectacular»»

¿Estamos muy atrasados?

En Europa, hay mucho terreno por recorrer. En España, hay una agencia de evaluación dependiente del Ministerio de Administración Territorial (Aeval) creada hace unos años, pero todavía ha evaluado pocas políticas. Hay países como Chile donde por ley, cada política pública aprobada lleva aparejada una evaluación. No es la única causa del crecimiento económico de Chile pero sin duda es una de las razones.

¿Qué ocurre cuando una evaluación demuestra que una política no ha sido efectiva?

«Hay duplicidades en las autonomías que no hay Hacienda Pública que las resista»

La evaluación persigue ver qué programas están siendo exitosos para seguir haciéndolos, cuáles no, para dejar de hacerlos o disminuir la partida destinada y qué programas necesitan cambios. Levy se llevó la sensación de que en España se ha avanzado en hacer más evaluación pero no en decidir mejor las políticas públicas en base a los resultados.

¿Quién lo hace mejor en España?

Hay mucho recorrido pendiente. A nivel local sobre todo se está haciendo muy poco. A nivel autonómico, hay algunas iniciativas pioneras. En Catalunya se están haciendo desde hace un par de años cosas muy interesantes en salud. Hay un instituto de evaluación de las políticas sanitarias definiendo indicadores y empezando a utilizarlos. No se puede empezar y tener todo hecho. La transparencia es clave pero un paso intermedio es evaluar y transmitir los resultados a los implicados, no a los ciudadanos. El efecto que tiene que, en el sector sanitario, evalúes y comuniques los datos a los propios médicos es espectacular. El siguiente paso es la transparencia hacia la opinión pública. Otra experiencia interesante se ha dado en el sector educativo en Madrid. Consiste en un examen simultáneo de Matemáticas y Lengua a todos los institutos. Los resultados tienen un efecto automático sobre la calidad porque el que sale mal en la foto quiere salir mejor la próxima vez. Decidirse a medir ya es positivo.

¿Hay diferencias entre partidos?

Si coges las medidas autonómicas y locales que han empezado a esbozarse en las convenciones de las dos grandes formaciones políticas, los temas de austeridad, el techo de gasto público, la responsabilidad en el gasto, el aumento de la eficiencia, son temas que han aparecido en los dos. Es por la crisis pero también por la demanda social. Los ciudadanos cada vez piden más que se haga el mejor uso de sus impuestos. Si tienes una acción de una empresa le pides que obtenga la mayor rentabilidad con sus inversiones. Los ciudadanos debemos demandar lo mismo del dinero de nuestros impuestos y que nos lo expliquen. Los políticos están muy mal acostumbrados. Y eso que, de lo que trabajemos hoy tú y yo, tres o cuatro horas se las vamos a entregar en forma de impuestos.

¿Dónde meter tijera con esa responsabilidad en el gasto?

Es un tema delicado porque se topa con sensibilidades autonómicas. Por ejemplo, los gastos en las televisiones autonómicas más TVE suponen 2.400 millones. No hay Hacienda Pública, autonómica o local que lo resista. Hay muchos organismos multiplicados por 17. No tiene mucho sentido tener un defensor del pueblo en cada autonomía, ni un tribunal de defensa de la competencia, ni un consejo económico y social. Tampoco que en cada localidad pequeña haya una universidad, ni titulaciones con más personal docente que alumnos. A lo mejor la empresa privada puede colaborar con el sector público para mejorar la eficiencia en la gestión.

¿Privatizar? ¿Por qué el sector privado lo va a hacer mejor?

Yo no digo que lo público sea malo y lo privado bueno. Hablo de incorporar al ámbito público la competencia. Habrá servicios que haya que mantener deficitarios, pero otros no. Y cuando hay monopolio la experiencia dice que el servicio no es eficiente.

¿Cree usted que los españoles ponen suficiente interés en dónde van sus impuestos cuando estalla un escándalo como la Gürtel' y no pasa factura al partido implicado?

En España hay un gran desinterés pero, más que por la política, por los políticos. La clase política es nuestra tercera mayor preocupación, por detrás del paro y la situación económica. Es un tema para reflexionar mucho. Nos faltan buenos gestores públicos, que primen la gestión frente a la imagen. Yo creo en mi país, creo frente al desinterés aparente, a los políticos que consideran que no necesitan formación, que no tienen tiempo o presupuesto. Soy positivo y creo que, igual que hoy hay campeones mundiales en la gestión empresarial española, como Emilio Botín, César Alierta, Amancio Ortega o Rafael del Pino, dentro de pocos años habrá campeones de la política española, gente de la que se hable, por ejemplo, porque supo mejorar la eficiencia de la sanidad pública.