Buena noticia. La crisis de las entidades financieras españolas no la pagarán los contribuyentes (al menos en su integridad). La salvación de las nacionalizadas e intervenidas correrá a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), una hucha que van llenando anualmente las propias entidades para garantizar a los clientes sus depósitos en caso de quiebra de una de ellas y para ayudar a la reestructuración del sector. Así se hizo en la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta, y así volvió a hacerse cuando cayó Banesto en 1993. Las autoridades españolas (Gobierno y Banco de España) han decidido no sin fuertes discusiones entre ellos que ahora se haga así de nuevo. Por eso, se decidió en octubre fusionar los fondos de garantía de bancos, cajas y cooperativas, y por eso la semana pasada se obligó a las entidades a multiplicar sus aportaciones anuales al FGD.

La idea es que con los 6.600 millones que tiene el Fondo más los 1.600 millones que le entrarán anualmente se paguen las ayudas que se van a dar a estas entidades. Fuentes oficiales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dirigido principalmente por el Banco de España, aseguran que es posible y defienden que es la mejor manera de hacerlo, entre otras cosas porque es lo más barato para el contribuyente y en los últimos 30 años ha funcionado. Hasta ahí, es una gran noticia para los ciudadanos, hartos ya de tener que ser siempre los que paguen la crisis, aunque no hayan sido los que la han provocado.

En marzo al FGD sólo le quedarán 3.000 millones para salvar al sector

Sin embargo, esa estrategia hace aguas porque los números no salen. El FGD tendrá probablemente que recibir alguna derrama de las entidades (algo difícil dada la situación del sector) y, más probablemente, endeudarse con cargo a las aportaciones que realizarán las entidades en los próximos años (y probablemente con garantía estatal).

Lo aseguran numerosas entidades consultadas por Público, algunas de ellas después de analizar las tripas de la CAM y conscientes, por tanto, de cuánto dinero dilapidará la entidad alicantina. En marzo, una vez entregados 5.249 millones al Sabadell para que se quede con Banco CAM, al FGD le quedarán apenas 3.000 millones. Y con ese dinero tendrá que pagar las pérdidas que tenga la entidad dentro de una cartera garantizada de 24.644 millones (menos 3.900 que tiene acumulados en provisiones). En el FROB están seguros de que esos 3.000 millones son suficientes porque las pérdidas serán de 1.500 millones pero quienes han visto los números de la caja están seguros de que esa cifra es irreal porque las pérdidas superarán los 10.000 millones.

En todo caso, aunque la previsión del FROB fuera cierta, la cuestión es que Banco CAM es sólo el primero de los rescates que quedan por realizar. En breve llegará la subasta de Unnim, a la que seguirán las de Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novagalicia. Y después de las grandes garantías que se han concedido al Sabadell para quedarse con la entidad alicantina, nadie querrá quedarse con el resto sin que le avalen también varios miles de millones.

La selección de activos de la CAM casa con la idea del 'banco malo'

Por eso, en el sector financiero ya dan por hecho que habrá que hacer alguna derrama, aunque en el FROB aseguran que no será necesario, y que les volverán a incrementar las cuotas que pagan por cada depósito que captan. Y los conocedores de los planes del Banco de España afirman, además, que la idea es que el FGD se endeude. Si no, es imposible teniendo en cuenta que el supervisor pretende hacer un plan prácticamente idéntico con CatalunyaCaixa y con Novagalicia. Los rescates de Unnim y Banco de Valencia, afirman, podrían hacerse en parte con dinero del FROB, aunque lo que se ha inyectado ya a estas entidades (prácticamente 2.000 millones) tendría que sufragarlo el FGD porque si no tendría que contabilizarse como déficit público y España no se lo puede permitir en este momento.

Estos planes de vender las entidades garantizando sus activos más problemáticos son perfectamente complementarios con la idea del futuro Gobierno de Mariano Rajoy de poner en marcha un banco malo y de hacer la reestructuración a marchas forzadas (como le están reclamando los banqueros). De hecho, la selección de activos malos de la CAM y el otorgamiento de una garantía pública es el modelo de banco malo que se aplicó en Alemania y es una de las fórmulas que se ven con buenos ojos desde el Partido Popular.

El modelo alemán abordó esta solución permitiendo que cada banco o caja que lo solicitara (sería siempre una opción voluntaria) pudiera tener su propio banco malo, que es una entidad independiente a la que se traspasan los activos problemáticos, que en el caso español son especialmente los inmuebles embargados o canjeados por deudas, y los créditos a promotores. Ese traspaso se hace con un descuento sobre el valor al que se tienen contabilizados esos bienes y que se pacta con el Estado, que los garantiza, de forma similar a lo que ha hecho con la CAM. Por un lado, queda una entidad más sana y solvente que debería poder reanudar su actividad normal si el precio al que se ha desprendido de los activos se lo permite, y por otro, una entidad repleta de problemas pero con la garantía del Estado que puede recurrir a captar fondos al BCE o a los mercados.

Ese proceso, repetido en las numerosas entidades con problemas que hay en España, requiere mucho más dinero del que el FGD puede permitirse, así que además de endeudarse, deberá contar con la ayuda de más fondos públicos.