La junta general ordinaria de accionistas de Abengoa, que se ha celebrado este martes en Sevilla, en segunda convocatoria tras no alcanzarse ayer el 25% del capital social, ha ratificado los nombramientos de Clemente Fernández como presidente del máximo órgano de la compañía, y de Alfonso Murat como consejero designado por coptación, mientras que ha rechazado el de Cristina Vidal como integrante del citado consejo de administración.

En este sentido, el consejo del pasado 1 de octubre había determinado que Clemente Fernández fuera el presidente de Abengoa, mientras que Cristina Vidal fue nombrada consejera por coptación y hasta la celebración de esta junta con el fin de "de garantizar la paz social como la viabilidad del grupo integrado".

La junta de accionistas, que se ha desarrollado en la sede de la multinacional, en Palmas Altas, y que se ha extendido por espacio de tres horas, ha aprobado el nombramiento de Clemente Fernández con un 75,35% de votos a favor (idéntico porcentaje ha obtenido la propuesta de Alfonso Murat, en este caso como consejero). Por el contrario, el nombramiento de Cristina Vidal ha sido rechazado con un 70,6% de los votos.

Clemente Fernández y Alfonso Murat están ligados a AbengoaShares, una sindicatura que agrupa a un nutrido grupo de accionistas minoritarios. Cristina Vidal es socia del despacho Ramón y Cajal, al que los accionistas acusan de posicionarse del lado de los acreedores (el bufete representó a la compañía en su concurso de acreedores, autorizado por la justicia el pasado febrero). Además, este despacho ha tenido mucha relación con Abengoa desde que la presidía Gonzalo Urquijo (a quien representan en la querella criminal que se instruye contra ellos en el Juzgado número 8 de Sevilla).

Pérdidas de 487 millones en 2019

Los accionistas han aprobado, además, el resultado contable del ejercicio 2019 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) con un 70% de votos favorables. La compañía presentaba unas pérdidas de 487 millones de euros y un pasivo que excede al corriente en 649 millones.

En la asamblea se ha sometido a examen y aprobación el informe de gestión individual de la sociedad, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión de su grupo consolidado. La propuesta de la aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de la Sociedad se ha aprobado con un 59,9% de los votos, pero la gestión social durante el ejercicio se ha rechazado con un 59,3%.

En tercer lugar se ha sometido a votación, y se ha aprobado con el 59,62%, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad relativo al ejercicio 2019. También ha salido adelante (80,05%) el cuarto punto del orden del día, el relacionado con la delegación en el consejo para que inteprete, subsane y ejecute los acuerdos adoptados.

Querella contra el Consejo de Gonzalo Urquijo

Asimismo, la junta de accionistas de Abengoa ha aprobado con un 60,29% de los votos que la compañía se persone como perjudicada en la querella contra el consejo de administración de Gonzalo Urquijo. Este punto figuraba en el orden del día como complemento a la convocatoria de la junta general y fue solicitado por Inversión Corporativa, que fue el mayor accionista de Abengoa hasta 2015, formado por las familias fundadoras de la compañía y presidido por Felipe Benjumea.

Se establecía de este modo la "propuesta y aprobación, en su caso, de una instrucción al consejo de administración de la Sociedad para que adopte las medidas precisas para que Abengoa se persone como perjudicada en las Diligencias Previas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla frente a los anteriores consejeros (Gonzalo Urquijo, quien lo presidió desde finales de 2016; Manuel Castro; José Luis del Valle; José Wahnon; Ramón Sotomayor; Pilar Cavero y Josep Piqué) como a la ampliación de la misma, que se produjo el 28 de julio de 2021".

La junta también ha aprobado nueve propuestas que no figuraban en el orden del día en relación a la interposición de una acción individual de responsabilidad --puesto que los Estatutos permitía su votación-- dirigida a anteriores consejeros, entre ellos Gonzalo Urquijo y Juan Pablo López Bravo, ambos expresidentes del consejo de administración. No obstante, Fernández ha subrayado que es el administrador concursal "quien tiene potestad en este asunto".

Ampliación de capital en el horizonte

El presidente de Abengoa, que se ha mostrado "muy ilusionado" con el nuevo proyecto durante su intervención, en respuesta a las cuestiones planteadas por diversos accionistas, ha señalado que su intención es solicitar una ampliación de capital, que oferte sobre la propia filial.

"Creo que Abengoa es una empresa muy rescatable y reflotable y que se va sacar adelante". "Hemos venido a ejercer un papel constructivo y estamos encantando con el proyecto", ha añadido.

Asismismo, Fernández ha afirmado que "solo hay una oferta en firme por Abenewco1, que es la presentada por Terramar Capital". El presidente del consejo ha dejado claro que "pretendemos su supervivencia; necesita avales porque si no, es la muerte de la compañía, de modo que cuantas más ofertas recibamos, mejor, aunque el tiempo es limitado".

"No pudimos acceder al consejo en marzo; si lo hubiéramos hecho, habríamos allanado el camino a la Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI). Si la oferta fuera netamente extranjera, los plazos se dilatarían en exceso", ha señalado el presidente del consejo.

En opinión de Fernández, la intención del consejo es "generar una oferta nacional políticamente bien vista y que los fondos se utilicen para reflotar Abenewco1 y no para pagar deudas anteriores". "Esperemos que SEPI y el Gobierno den el paso de los 249 millones que son necesarios, aunque también se requieren 300 millones en avales".

La sindicatura de AbengoaShares, grupo liderado por el ya presidente de Abengoa, había adelantado que expresaría su desacuerdo con los consejos anteriores y, por tanto, con su gestión social, y a favor de que la compañía se persone como perjudicada en las Diligencias Previas.

"No hay guerra de accionistas. Había, eso sí, consejos que actuaban al margen del accionariado y accionistas que desean recuperar la compañía. Hay un bloque que está actuando por mantener la representación en la filial y que quiere que se nos deje un hueco poniendo dinero nuevo en el rescate", ha añadido Fernández.

Polémica por el sistema de votaciones

La plataforma utilizada para las votaciones, a través de Santander Inversiones, filial de la entidad bancaria, ha suscitado uno de los momentos de más tensión en la junta, puesto que "el Banco es acreedor", como interpelaba uno de los accionistas. Sin embargo, desde la mesa, en la que también estaba el secretario Adolf Rousaud se ha defendido que "somos nosotros quienes controlamos el proceso, si bien será revisado en el consejo de administración".

Fernández ha manifestado al respecto que "no es un proceso anómalo" y que otras empresas cotizadas contratan este servicio aun teniendo préstamos y avales con el Banco (Santander) "e incluso siendo éste accionista". "Esta pregunta sobre la posible incompatibilidad por el hecho de que un acreedor gestione la votación habría que trasladársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", ha concluido.