"Los ERTE no solo han servido para proteger el empleo, sino que también han hecho que la recuperación posterior haya sido más vigorosa y robusta", explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO.

El formato final de la innovadora medida de protección del tejido empresarial y el empleo en la que el Estado asumía los costes salariales de las empresa en crisis, plasmada en el Real Decreto Ley 8/2020 que el Consejo de Ministros aprobó el 17 de marzo de 2020, había sido negociada a tres bandas por sindicatos, patronal y Gobierno el 13 de marzo en una larga reunión de doce horas que se había visto precedida de otras: una primera en la que CCOO y UGT van cerrando la propuesta que los primeros tenían perfilada y otra en la que ambas organizaciones sientan con representantes de CEOE y Cepyme la base común que llevarán al Ejecutivo.

"Cuando llega la pandemia hay un primer acuerdo bipartito que ha sido la base de todo lo que ha venido después", señala Vicente. "Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo", indicará después el decreto, que añadía cómo este tipo de medidas "contribuye a minorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos".

Desenganchar el desempleo de la caída de la actividad

"Los seis acuerdos en defensa del empleo han evitado que 3,6 millones de trabajadores fueran al paro", anota Mariano Hoya, vicesecretario de Política Sindical de UGT, que apunta cómo "medidas como los ERTE y la reforma laboral han creado un escenario de seguridad en el empleo. La sensación de seguridad en el empleo hace que la gente pueda gastar más".

La mayoría de los analistas y expertos en economía apuntan a ese sostenimiento de las rentas, con mermas del 30% en el caso de las salariales a través de los ERTE y mediante los avales del ICO con carga de intereses en el de las empresariales, como dos de los puntales que permitieron romper durante la pandemia uno de los arrastres más perniciosos que históricamente venía sufriendo el tejido productivo español: el aumento del desempleo inversamente proporcional al descenso del PIB.

Hasta la crisis pandémica, en los anteriores pinchazos y recesiones, la tasa de paro venía a crecer un punto por cada entero que caía el "volumen de negocio" del país. Sin embargo, en ese episodio los diez puntos de retroceso del PIB  en el crash más intenso desde el provocado por la sublevación militar de 1936 corría paralelo a una merma de la ocupación de menos de tres puntos, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa). Un año después, el balance bianual al cierre de 2021 mostraba una merma de la actividad del 3,2% frente a otra de apenas tres centésimas en el caso del empleo.

La financiación de los ERTE

Esos registros se deben principalmente a los ERTE, por los que han llegado a pasar 6,6 millones de trabajadores, algo más de la mitad de los asalariados no funcionarios que en aquellas fechas estaban empleados en España, y de los que se estima que, además de sostener las rentas de los hogares, permitieron salvar medio millón de empleos al margen de los directamente protegidos al atenuar la caída del consumo. 

A los dos años de su puesta en marcha, y cuando apenas cobijan a 96.000 trabajadores mientras en la primavera de 2020 llegaron a superar los tres millones, los ERTE acumulan para el Estado un coste de algo más de
29.000 millones de euros, según los datos facilitados por los ministerios de Trabajo y de Inclusión: 20.816 en prestaciones de desempleo para los trabajadores que asumía el SEPE (Servicio Estatal de Empleo Público) y 8.200 en exenciones del pago de las cotizaciones sociales a las empresas.

Esa movilización de fondos públicos supuso para las empresas un ahorro de 37.937 millones de euros, que es el total de los conceptos salariales (sueldos más cotizaciones de los trabajadores) que han acabado siendo absorbidos por el sistema de auxilio en sus primeros dos años de funcionamiento.

Mientras tanto, los trabajadores afectados por los ERTE recibían prestaciones por valor de 20.816 millones de euros, aunque el precio de mantener congelados los empleos se elevaba hasta otros 8.921, que es el montante de los salarios que veían volatilizarse con el 30% que no cubrían las ayudas.

La Inspección detecta fraudes en casi 7.000 empresas

Sin embargo, el sistema de los ERTE también tiene una "cara b" en la que la Inspección de Trabajo ha terminado por aflorar un descomunal volumen de 6.895 infracciones en los 43.403 expedientes de regulación de empleo que revisó.

Eso supone que se habían cometido irregularidades en casi la sexta parte de las empresas en las que, tras un chequeo previo de la documentación, había detectado indicios de que pudieran haberse producido irregularidades.

Esas cerca de 7.000 infracciones detectadas por la Inspección, 3.635 el primer año, 2.740 el pasado y 520 en el comienzo de este, han dado lugar a sanciones por valor de 32,12 millones de euros, la mitad de ellas (16,53) concentradas en el primero de esos ejercicios para caer a 13,44 en el siguiente y sumar 2,14 en el arranque de 2022.

Las infracciones más frecuentes han consistido en la detección de trabajadores que desarrollaban su actividad laboral, ya fuera presencial o mediante el teletrabajo, en jornadas u horas en las que sus contratos estaban suspendidos; en la contratación de nuevos empleados o la realización de horas extraordinarias con empleados en ERTE, en no comunicar al SEPE que alguno de ellos regresaba a sus funciones o en ejecutar despidos antes de haber transcurrido los plazos que permitían plantearlos, algo que conlleva la pérdida de todas las ayudas.