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El Gobierno impide a los ayuntamientos ahorrar cientos de millones en IVA

La redacción final de los Presupuestos del Estado suaviza las trabas iniciales a la remunicipalización de servicios privatizados, aunque sigue impidiendo en la práctica que los consistorios puedan rescatarlos para gestionarlos directamente

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el el XVIII Congreso Nacional del PP en la Caja Mágica de Madrid. EFE/JuanJo Martín

 La ‘cláusula Montoro’ contra la remunicipalización de servicios públicos condena a los ayuntamientos a seguir pagando cientos de millones de euros en IVA cada año por las contratas privatizadas, unas facturas tributarias que superan el centenar de millones en ciudades como Madrid y como Barcelona, que pasan de los cincuenta en otras como Valencia y que suman más de treinta en Zaragoza. Uno de los primeros efectos de su gestión directa con plantillas y medios públicos consistiría en el ahorro de ese dinero.

La redacción final de la vigesimosexta disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (vigesimoséptima en su redacción original que acaba de avalar son modificaciones el Senado suaviza levemente el planteamiento inicial del Gobierno al desvincular de la tasa de reposición la incorporación a empresas públicas del personal de contratas absorbidas “excepcionalmente” por una sentencia o seleccionado mediante unas oposiciones. Esa limitación, que inicialmente impedía contratar en esos casos a más del 60% de los trabajadores jubilados el año anterior o la misma cifra si la empresa había tenido beneficios en dos de los tres últimos ejercicios, entrañaba el efecto secundario de dejar en el aire algunas ofertas de empleo público convocadas legalmente.

Sin embargo, el texto definitivo mantiene el veto a que los ayuntamientos puedan absorber como funcionarios, interinos o laborales a los trabajadores de concesiones y de contratas cuando estas venzan, ni tampoco en caso de rescate, secuestro o intervención, y les prohíbe también incluir en sus plantillas a los empleados de los consorcios, fundaciones y empresas que se integren en la Administración.

No obstante, los servicios jurídicos de algunos ayuntamientos como el de Zaragoza concluyen que el veto general afecta únicamente a las administraciones y a las entidades de derecho público, lo que dejaría la puerta abierta a absorber las plantillas a través de sociedades. “Los trabajadores de las empresas públicas no tienen la consideración de empleados públicos, y eso permite salvar los procesos de remunicipalización a través de ellas”, sostiene Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos de la capital aragonesa.

Pedro Santisteve, Joan Ribó, Manuela Carmena y Ada Colau, posan en la plaza de San Pedro del Vaticano.- EFE

Negocios, política e impuestos

Las trabas a las remunicipalizaciones tienen tres efectos, o quizás objetivos, fundamentales. Uno, económico, consiste en blindar el magro negocio de las empresas que gestionan esos servicios privatizados, ya que dificulta en algunos casos, e imposibilita en la mayoría de ellos, que los municipios recuperen su gestión directa incluso si finalizan los contratos.

Otro, de carácter político, le permite al Gobierno del PP torpedear una de las líneas programáticas fundamentales de su principal rival en el ámbito municipal, que son las listas de confluencia que hace dos años le desalojaron de los principales ayuntamientos del país con el apoyo del PSOE y apoyaron a los socialistas para que lo hicieran en otras.

Y el último, tributario, garantiza a las arcas estatales una importante vía de ingresos a costa de recortar la autonomía de los consistorios y de seguir lastrando sus cuentas con una medida que, de retruque, afecta también a los bolsillos de los ciudadanos, que son los que acaban pagando esos impuestos en sus recibos.

Contratas millonarias en las grandes ciudades

La mayor remesa de IVA del ámbito municipal español corresponde al Ayuntamiento de Madrid: 144,8 millones al año por contratas que suman una facturación anual de 1.198,3 millones de euros, 966,4 adscritos a las concejalías y 231,9 a los distritos. Las mayores aportaciones por servicios privatizados las generan la limpieza viaria (30,1 millones de euros anuales) y el Calle 30 (23,7), seguidos por otros como el SER (14,8), la gestión y el suministro eléctrico de equipamientos (13,2) y la recogida de basura y la gestión de los puntos limpios (11,2).

El Ayuntamiento de Barcelona tiene externalizados servicios por valor de 582,5 millones de euros (la mitad, en las contratas de limpieza viaria y recogida de basuras que gestionan FCC, Urbaser y Cespa), lo que supone una factura anual de alrededor de cien en IVA.

En el caso de Valencia, el capítulo de bienes corrientes y servicios, que incluye desde las grandes contratas como la recogida de basuras hasta los contratos menores, asciende a 256,58 millones, lo que supone una factura anual de IVA de en torno a 55,9 millones de euros, explicaron fuentes municipales.

La factura anual de IVA del Ayuntamiento de Zaragoza, que se gasta al año 214,19 millones de euros en servicios privatizados, supera los 32 millones de euros, explicaron fuentes municipales, con partidas como los 3,8 de la limpieza pública, 2,37 en prestaciones sociales y teleasistencia, casi tres en limpieza de edificios y colegios, cerca de 2,5 en servicios relacionados con la basura y otros tipos de residuos y más de uno por el alumbrado, a los que se suman 9,7 en transportes.

Un imposible ahorro multimillonario

El coste de la mayoría de los servicios públicos municipales está gravado con una cuota de IVA del 21%, si bien algunos del carácter ambiental y asistencial tributan solo un 10% y varios de este último ámbito lo hacen al 4%.

Esas cifras se aplican tras añadir los contratistas su beneficio industrial, que suele situarse en una horquilla del 6% al 10% y que, solo en el caso de estos cuatro ayuntamientos, cuyos servicios privatizados suponen una facturación anual de 2.251,4 se situaría entre los 135 y los 225 millones de euros anuales.

Es decir, que la remunicipalización de todos los servicios privatizados podría suponer para sus arcas un ahorro de entre 467 y 557 millones de euros cada año al descontar de su coste el beneficio industrial y el IVA.

Según el último Informe Anual de Recaudación  de la Agencia Tributaria, el gasto corriente sujeto a IVA de las 9.000 administraciones públicas del país, más de 8.000 de las cuales son municipales, ascendió en 2015 a 45.591 millones de euros, mientras las inversiones de capital gravadas por este tributo se elevaron a 10.120.