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El Gobierno impone 107 multas en 2023 por la Ley de la Cadena Alimentaria: Nestlé, Dia y Carrefour, sancionadas

En concreto, las infracciones se refieren a incumplimientos en lo relativo a los precios mínimos a pagar a los agricultores y ganaderos por el género que producen.

10/07/2023 Carros de la compra en un supermercado
Varios carros de la compra, a la salida de un supermercado, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio / Europa Press

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), ha desvelado las multas del tercer trimestre de 2023 por infracciones relacionadas con la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, en lo que va de año, ya son 107 las multas, que afectan a empresas como Nestlé, Dia o Carrefour.

En concreto, se refieren a incumplimientos en lo relativo a los precios mínimos a pagar a los agricultores y ganaderos por el género que estos producen y con el que estas compañías comercian, como no cumplir con los plazos de pago.

Entre estas empresas figuran algunas grandes cadenas como Carrefour, Dia y Nestlé, otras como la láctea Jesús García Carrión y algunas de menor renombre como el matadero de vacuno Frimancha, que trabaja para marcas como El Pozo.

Aprobada hace dos años, la Ley de la Cadena Alimentaria es fundamental para agricultores y ganaderos, ya que sanciona a empresas que no cumplan las regulaciones, como por ejemplo la venta a pérdida, la falta de contratos escritos, el incumplimiento en los plazos de pago y los cambios unilaterales en condiciones acordadas.

Entre otras cosas, establece que "el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción".

Esto es relevante porque el sector acostumbra a ver cómo los precios de los alimentos se multiplican varias veces en su tránsito desde los campos y las granjas hasta los supermercados.

La aplicación de estas sanciones es lenta, puesto que puede tardar más de dos años. Además, la patronal láctea (Fenil) ha recurrido ante el Tribunal Supremo la prohibición de comprar género por debajo de los costes de producción a los ganaderos, lo que podría tener repercusión en la aplicación y bases de esta ley.

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