El Gobierno caza a 66 empresas e intermediarios haciendo trampas a los agricultores

Un total de 66 grandes empresas, supermercados e intermediarios del sector alimentario han sido sancionados en firme por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por haber infringido las normas que establece la Ley de la Cadena Alimentaria en materia de precios mínimos a pagar a los agricultores y ganaderos por el género que estos producen y con el que aquellas comercian.

Entre esas 66 empresas hay algunas filiales de cadenas de supermercados como DIA y Carrefour, gigantes de la alimentación como Nestlé y conocidas empresas como la láctea Jesús García Carrión.

También otras de menor renombre como el matadero de vacuno Frimancha, controlado por Vall Companys y que trabaja para marcas como El Pozo, la láctea jienense Ray Lech o Pistachos de La Mancha.

La reforma de la ley sienta las bases para comenzar a materializar una reivindicación histórica de las organizaciones agrarias.

Establece que "el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción".

La medida tiene una especial significación en un sector básico como el primario que ve cómo los precios de los alimentos se multiplican varias veces en su tránsito desde los campos y las granjas hasta los lineales de los supermercados, a menudo sin que estos hayan sido objeto de transformación.

Y frecuentemente tras haber vendido el género sin llegar a cubrir los costes y sin que ningún eslabón de la cadena de valor admita haber participado en ese proceso inflamatorio, especialmente intenso en los últimos dos años en España.

Sanciones de escaso efecto disuasorio

En el medio año escaso de funcionamiento del Registro de Contratos, operativo desde los últimos días de diciembre de 2022, con un año de retraso sobre la entrada en vigor de la ley, la AICA ha impuesto sanciones firmes por un total de 86 infracciones.

Cuarenta y nueve de ellas por el incumplimiento de los plazos de pago pactados, 21 por no formalizar por escrito esos acuerdos, 13 por no incluir el precio en los documentos y dos más por modificar de manera unilateral las cantidades acordadas.

Las sanciones se sitúan en una horquilla que comienza en 1.800 euros y se eleva hasta los 10.449 para los impagos, los 3.600 para la ausencia de contrato, los 9.147 por no reseñar el precio y los 9.000 por cambiar las condiciones de manera unilateral.

Unas cifras que en la práctica apenas tienen efectos disuasorios sobre los autores por lo leve de su impacto en sus cuentas.

Así, por ejemplo, DIA Retail, que acumula tres multas que suman 9.901 euros, una por no formalizar el contrato y dos por no pagar en plazo, factura más de dos millones y medio de euros al año y forma parte de un grupo que ingresa 7.300.

Mientras, el volumen de negocio de Centros Comerciales Carrefour, sancionada con 3.000 por un impago, supera con creces los 10.000.

La facturación de Nestlé España, destinatario de una multa de 10.323 por incumplir los plazos de pago, se acerca a los 2.400 millones de euros, y la de García Carrión, firma que deberá desembolsar otros 9.147 por el mismo motivo, ronda los mil millones.

Pistachos de La Mancha, destinatario de la mayor sanción conocida hasta la fecha, de 10.449 euros por no pagar en plazo, ingresa más de 2,5 millones de euros por ejercicio.

La facturación de Ray Lech, a quien le cae una multa de 11.500 euros por combinar la ausencia de contratos con la no inclusión del precio al formalizarlos, supera los doce millones.

Por último, la murciana Frutas Ginés, la empresa que mayor abanico de sanciones acumula, con 5.700 euros por pagar fuera de plazo, trabajar sin contrato o no incluir el precio en algunos de los que formaliza, obtiene unos ingresos brutos superiores al millón de euros anuales.

"Les ha dolido más la publicidad que la sanción"

La mayoría de las empresas sancionadas "se pueden reír de esas multas. Les ha dolido más la publicidad que la sanción", explica Andoni García, responsable de Cadena Alimentaria de la organización agraria COAG.

García asegura que, no obstante, las 66 compañías incluidas en los dos primeros listados se enfrentan a "sanciones considerables" en caso de ser sorprendidas de nuevo infringiendo la normativa en los mismos aspectos.

En ese caso, sus conductas pasarían a considerarse muy graves, lo que eleva el rango de las sanciones a entre 100.000 euros y un millón.

Aunque con dos limitaciones: la multa no podrá superar el 10% de los ingresos del año anterior ni resultar "inferior al beneficio económico obtenido por el infractor", esto último para evitar que cometer la infracción pueda "resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas".

Las sanciones, por otra parte, no eximen a los infractores de que sus víctimas puedan reclamarles lo adeudado más una indemnización por daños y perjuicios en los tribunales, una posibilidad que fue incluida en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

"La industria y la distribución están jugando muy duro contra la ley, están intentando que no se desarrollen los estudios de la cadena de valor", señala García, que recuerda cómo Fenil (Federación Nacional de Industrias Lácteas) ha recurrido ante el Supremo la prohibición de comprar género por debajo de los costes de producción a los ganaderos

"Quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios"

"Quieren ejercer un derecho de pernada, de imposición de precios, al eslabón más bajo, como vienen haciendo desde el año 2000", señaló en un comunicado Roberto García, secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores) en Galicia.

Sostiene que las industrias lácteas "quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios".

Esa actitud ya ha provocado dos conflictos en el sector lácteo en los últimos meses, uno en Andalucía y otro en Catalunya, donde los ganaderos acusan a Lactalis, la mayor compañía lechera del mundo y que en España opera con la marca Puleva, de imponerles precios inferiores a los costes que soportan.

"Lo que están diciendo es que quieren comprar por debajo de los costes de producción", coincide Andoni García, para quien ese pleito supone "una evidencia muy clara de que no quieren cumplir la ley y de que en cuanto puedan la van a incumplir. Buscan soslayarla".

"Por eso animamos a los agricultores y ganaderos a denunciar esas situaciones y pedimos al Ministerio de Agricultura que haga inspecciones de oficio", añade.

La industria agroalimentaria y las empresas de distribución "intentan combatir algo tan sensato como no poder pagar un alimento más barato de lo que cuesta producirlo, pero la ley se va a cumplir aunque su desarrollo vaya más despacio de lo que le gustaría al sector", concluye.