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El Gobierno recurrirá la sentencia que le obliga a indemnizar a las eléctricas por costear el bono social

Aún no se ha decidido si los 500 millones de euros, en caso de que el recurso ante el Constitucional no prospere, se cargarán en el recibo de la luz o se pagarán con los Presupuestos Generales del Estado.

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El Gobierno recurrirá la sentencia del Supremo que le obliga a indemnizar a las eléctricas. Europa Press

El Gobierno recurrirá la sentencia del Supremo que le obliga a indemnizar a las eléctricas. Europa Press

MADRID.-  El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar a las eléctricas. Según fuentes de Moncloa, el Ejecutivo acudirá al Constitucional para que dictamine sobre si las citadas empresas tienen derecho o no a recibir 500 millones de euros por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. 

La sentencia del Supremo, de finales de octubre, no sólo reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas, sino que anula el mecanismo de financiación del bono social, circunstancia que obligó recientemente al Gobierno a diseñar un nuevo sistema en el que el coste de la ayuda se carga sobre las comercializadoras.

El Ejecutivo adopta la decisión de recurrir al Constitucional después de que la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo desestimara el incidente de nulidad que había presentado el propio Gobierno en contra de la sentencia del tribunal. La Abogacía del Estado considera que los cauces legales no están agotados y que se puede recurrir al Constitucional.

Prospere o no, el recurso puede permitir al Gobierno ganar tiempo y postergar el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España de los cerca de 500 millones con las que estas empresas han financiado el bono social en los últimos años. El importe final está pendiente de que el Supremo proceda a la ejecución de la propia sentencia.

El dinero de la indemnización, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habrá de cargarse sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta segunda opción es menos probable, a la vista del reciente acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.

Al margen de esta indemnización, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sigue trabajando en el desarrollo normativo del real decreto ley sobre la nueva financiación del bono social, en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras eléctricas.

Argumentos del Gobierno

En su recurso ante el Constitucional, el Gobierno argumentará que el Supremo ha incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, el Gobierno quiere que se consulte a Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.