La ampliación del parque público de viviendas para ofrecer alquileres a precios asequibles en casos de emergencia habitacional e influir en el mercado de vivienda para evitar espirales especulativas ha sido la obsesión de la Conselleria de vivienda valenciana desde que Podemos asumió el departamento en 2019. "Hay que reconocer que se lo están tomando seriamente y que hacen lo que pueden", reconocen expertos en el derecho a la vivienda consultados por este diario. "Las políticas de adquisición de vivienda son ambiciosas y se nota la implicación en el esfuerzo presupuestario que han hecho", detalla el abogado especializado en temas urbanísticos, Nacho Collado.

Esta compra de inmuebles para alquilar a precios reducidos a demandantes de vivienda social —más de un millar el 2021 y 2019 con el que llevamos del 2022— ha estado posible gracias a la cláusula de tanteo y retracto prevista por la Ley valenciana de Uso Social de la Vivienda, una herramienta jurídica que permite a la Generalitat intervenir en cualquiera compra-venta masiva de viviendas y adquirirlos, si le interesa. Por el mismo precio que se había acordado.

Ahora, la Conselleria dirigida por el vicepresidente valenciano, Héctor Illueca, prepara dos mecanismos legales más para frenar el incremento de los precios del alquiler —que ha sido de un 15% en València y un 11% en Alacant el último año— según un estudio elaborado por un portal inmobiliario. El primero es una ley que permita forzar la cesión temporal de los pisos vacíos en manos de grandes tenedores y que, ahora mismo, se encuentra en fase de borrador, pero que calculan tenerla para finales de año como muy tarde. "Nuestra intención es que vaya muy rápido y pueda aplicarse ya en esta legislatura", explica a Público el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Àlex Aguilar.

Los términos legales empleados hasta ahora evitan la palabra "expropiación" y prefieren referirse a la propuesta como "cesión temporal". Una cesión en la cual los propietarios de múltiples pisos que hace más de un año que están inscritos al registro de viviendas vacías, tengan que alquilarlos por un tiempo que oscilaría entre los cinco y siete años, que son los contratos de arrendamiento más habituales. "Realmente no es una expropiación —detalla Aguilar— porque no ponemos en cuestión la propiedad del inmueble, pero sí que es una medida que tiene que permitir movilizar aquellas viviendas en manos de fondos buitres, que solo tienen un objetivo especulativo, y así combatir la emergencia habitacional".

Aguilar asegura que no teme la reacción de la patronal inmobiliaria, puesto que "la medida no los perjudica, sino al contrario, lo que los perjudica es la acción de estos fondos buitre que distorsionan el mercado". En todo caso, la Conselleria apostará para "hacer pedagogía, la transparencia, participación y consenso" para sacar adelante la ley. Raül Beltran, técnico de vivienda en el Ayuntamiento de Castelló corrobora esta sensación: "No sé cómo será a escala autonómica, pero en Castelló sí que hay mucho mosqueo de los promotores y agentes inmobiliarios locales con los fondos buitre, y ahora mismo no verían nada mal cierta intervención en este sentido".

Aun así, la Federación de Promotores Inmobiliarios ya se opuso duramente en la cláusula de tanteo y retracto —que ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por el PP— y por ahora no ha avanzado cuál será su reacción ante la nueva norma. En Balears, donde ya se aprobó una medida similar, fue la Asociación de Promotoras Inmobiliarios de las Baleares (Proinba) quién la recorrió judicialmente, aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) rechazó sus argumentos el pasado enero.

"El borrador sobre el cual se está trabajando intenta blindarse del peligro de los tribunales, con medidas como la creación de una especie de inmobiliaria pública que buscaría los inquilinos y ofrecería ciertas garantías públicas en los propietarios, que son cosas que la ley de vivienda ya contempla y que además pueden reducir la oposición patronal", explica una voz próxima a la Conselleria.

Ofensiva por los fondos de la SAREB

La otra gran fuente de viviendas sobre el cual Illueca hace meses que tiene la mirada puesta son aquellos propiedades de la SAREB. El conseller de Vivienda está tejiendo una red de alianzas con diferentes actores políticos y otras autonomías para conseguir que la entidad financiera –ahora pública- ceda su patrimonio en la Generalitat y los ayuntamientos para dedicarlos a alquiler social.

"Son unas viviendas que ya han sido pagadas por la ciudadanía vía rescate bancario –insiste Aguilar- y por tanto tiene todo el sentido que reviertan a esta misma ciudadanía". Aunque por ahora no tienen un inventario exacto, desde su Conselleria calculan que hay unas 8.000 propiedades de la SAREB en el País Valencià. "Tenemos capacidad de absorber y gestionar todas estas viviendas y sería interesante hacerlo antes de las elecciones, puesto que hay una urgencia social que se puede ver agraviada con la crisis y hay que actuar", continúa Aguilar. Por ahora, en las conversaciones con la Secretaría de Estado del Tesoro ha habido una "sintonía positiva", destacan desde Conselleria.

"La entrada de 10.000 viviendas al parque público supondría prácticamente doblar la cifra actual –destaca Nacho Collado- y tendría un efecto inmediato, no solo en la política pública, sino también probablemente en el mercado". Este abogado recuerda, pero, que para que esta influencia sea decisiva "hace falta mucha más vivienda pública, cifras como las de Viena, donde la mitad de la vivienda es pública, mientras que aquí no llega al 1%. Por esto, por mucha vivienda que se construya, sin una legislación que lo acompaño, no se podrá desmercantilizar la vivienda".