La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que la proposición de ley para el nuevo impuesto a la banca se tramitará como ley ordinaria y no orgánica. Esto significa que no se reformará el Código Penal y que no se incluirán penas de cárcel por el incumplimiento de esta medida. Según ha avanzado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de vigilar y sancionar a las entidades que trasladen a los precios finales los nuevos impuestos.

"No considero que el Código Penal sea el lugar adecuado desde el cual se pueda sancionar a las empresas por comportamientos que no estén conforme a las leyes", ha declarado la ministra de Hacienda tras el Consejo de Ministros tras ser preguntada por la solicitud de Unidas Podemos de imponer penas de hasta diez años de cárcel a los directivos de grandes empresas por incumplir esta medida que no ha salido adelante.

Sobre la nueva medida, Montero ha señalado que la ley será "básica, ordinaria" y que cualquier reforma del Código Penal "requeriría de una ley orgánica". "No es este el lugar en donde habría que incorporar nada respecto a esta cuestión", ha añadido.

Con todo, Hacienda incluirá una prohibición a las entidades para que no trasladen el nuevo gravamen a la factura del usuario. Además, Montero ha recordado que la CNMC tiene mecanismos para sancionar "cuando alguien no cumple con la legislación o se aparta de las reglas del mercado". 

El Gobierno espera presentar una proposición de ley ante el Congreso esta misma semana, de un nuevo impuesto al sector financiero, de carácter temporal y extraordinario. La idea del Ejecutivo es recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Todos los detalles tendrán que ser confirmados tras el trámite parlamentario y las enmiendas que puedan proponer los demás grupos.

Montero ha aclarado que están previstos en los próximos Presupuestos los ingresos de estos dos nuevos tributos: el impuesto a la banca y a las empresas energéticas.