MADRID.- La proximidad de las citas electorales previstas para este año impulsó en 2014 la licitación de obras públicas, según se desprende de los datos que periódicamente recopila la patronal de las grandes constructoras, Seopan.

El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos licitaron el pasado ejercicio un total de 13.111 millones de euros, el mayor volumen de toda la legislatura, con un incremento del 43% respecto al registrado durante 2013.

Esa cifra se acerca bastante a los 13.659 millones del último año de mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, aunque sigue muy por debajo de la habitual antes de que estallase la crisis económica.

Hasta 2007, no era infrecuente que la licitación sobrepasase los 40.000 millones de euros anuales, pero a partir de entonces las políticas de recortes presupuestarios empezaron a hacer mella en la inversión pública y acabaron por situarla bajo mínimos.

El peor año con diferencia fue 2012, primero completo de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España, en el que las tres administraciones licitaron por importe de sólo 7.442 millones, un 45% menos que en 2011. En el caso del Estado, hubo un retroceso todavía mayor, pues la dotación para la puesta en marcha de obras públicas pasó de 6.479 a 2.717 millones de euros, lo que equivale a una caída del 58%, trece puntos por encima de la media.

Disparidad

Por el contrario, en 2014, con un apretado calendario electoral a la vuelta de la esquina, fue el Estado el que más subió la licitación, concretamente un 56%, frente a la mejora del 43% experimentada por el conjunto de las tres administraciones en ese capítulo.

También disfrutaron de un notable crecimiento las corporaciones locales (+51%), mientras que las diecisiete comunidades autónomas aumentaron apenas un 10% respecto a 2013.

De los 6.262 millones de euros licitados por el Estado en 2014, la región que absorbió una parte mayor (1.177 millones) fue Andalucía, en línea con su peso sobre el conjunto de la población.

Sin embargo hubo cuatro comunidades, todas por cierto en manos del PP, que resultaron agraciadas con porcentajes muy superiores a los que les hubieran correspondido con una aplicación rigurosa de ese criterio: Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, además del País Vasco, donde gobierna el PNV.

Otras cuatro, por el contrario, recibieron claramente de menos. Catalunya, con un 16,% de la población nacional, hubo de conformarse con un 8,5% de la licitación del Estado. A Madrid, donde se concentra un 13,8% del censo, le tocó un 5% de esos recursos. A la Comunidad Valencia fue un 2,5%, una cuarta parte de su proporción de habitantes. Y a Baleares, un 0,8%, a pesar de que en el archipiélago vive un 2,5% del total de los residentes en España.