Hoy se cumplen 1.009 días desde que el 17 de diciembre de 2007, fecha en que debían haber sido renovados cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional para cumplir lo establecido en la Constitución. Son los que le corresponde elegir al Senado. La Carta Magna prevé la renovación de los miembros del TC por tercios cada tres años. En noviembre el Congreso deberá renovar a otros cuatro.

Desde su creación, el Tribunal Constitucional nunca había recibido más críticas, ni vivido más tensiones que durante las deliberaciones para resolver la sentencia del Estatut de Catalunya. El retraso en la resolución del primer recurso contra la norma autonómica, el del PP, permitió cargar las tintas contra el alto tribunal y, en concreto, contra su presidenta, María Emilia Casas (Monforte de Lemos -Lugo-, 1950), a la que se acusó de no haber sabido imponerse a sus compañeros en algunos de los episodios más conflictivos vividos en el tribunal, como la guerra de recusaciones que se produjo tras ser prorrogado su mandato.

Pero esta catedrática de Derecho del Trabajo, de corte progresista, logró desatascar una situación que parecía condenada a prolongarse en el tiempo mediante votaciones de cada parte de la sentencia.  

Al saber que había sido designado magistrado del Tribunal Constitucional, su vicepresidente, Guillermo Jiménez (Almadén -Ciudad Real-, 1940), dijo: 'No sé lo que han podido ver en mí'. Desde entonces ha tenido casi 12 años para averiguarlo.

Jiménez pertenece al bloque de magistrados del Tribunal Constitucional considerado conservador. Sin embargo, su voto se ha sumado al de los progresistas en numerosas ocasiones, como con el Estatuto valenciano o para rechazar la recusación de alguno de sus compañeros. La última vez fue en la redacción de la sentencia del Estatut (de la que durante un mes fue ponente). Su voto se sumó al de los progresistas a la hora de anular 14 artículos e interpretar constitucionalmente otros 27; y al de los conservadores, para que el fallo reflejara que el preámbulo no tiene validez jurídica.  

Vicente Conde (Toledo, 1940) llegó al alto tribunal desde el Supremo, donde se le recuerda por la defensa que hizo a favor de la desclasificación de los papeles del Cesid. De talante conservador, fue el magistrado que sustituyó a María Emilia Casas en la presidencia cuando el PP recurrió la ley reguladora del alto tribunal (LOTC) que prorrogó automáticamente los mandatos de la presidenta y del vicepresidente.

Se le acusó de querer asumir la presidencia para reforzar el sector conservador del alto tribunal. Pero resolvió la falta de quórum que se produjo por las recusaciones de magistrados, haciendo que todos los magistrados estudiaran las del partido de Mariano Rajoy, que fueron rechazadas en una dura resolución. La del Ejecutivo fue estimada y los recusados, apartados del debate de la reforma de la LOTC.  

Jorge Rodríguez-Zapata (Montevideo -Uruguay-, 1948) es probablemente el magistrado que más votos particulares ha hecho desde que en 2002 llegó al alto tribunal, en sustitución del fallecido Fernando Garrido.

Formó tándem con Roberto García-Calvo y ambos, muy conservadores, ostentan el triste honor de haber sido los primeros magistrados del alto tribunal recusados por la Abogacía del Estado. Tras la muerte de García-Calvo, en mayo de 2008, Rodríguez-Zapata siguió dejando constancia en solitario de su discrepancia con la posición mayoritaria. Fue el único que no compartió la sentencia que avaló la paridad de las listas electorales prevista en la Ley de Igualdad. Es el ponente de la sentencia que resolverá el recurso del Defensor del Pueblo contra el Estatut de Catalunya.