'Una afortunada'. La fiscal del 11-M, Olga Sánchez, se considera 'una afortunada', a pesar de todo. A pesar de haber trabajado las 24 horas del día desde que aquel jueves del 11 de marzo de 2004 la guardia del Juzgado Central de Instrucción número 6 se vio sobresaltada por las trece explosiones que esa mañana despertaron Madrid.

Y a pesar de las críticas que desde algunos medios de comunicación han acompañado la instrucción del sumario 20/04, acrecentadas por un secreto sumarial que prácticamente se mantuvo durante toda la instrucción, que se levantaba en tandas de miles de páginas.

Quizá por eso, el pasado 12 de junio, trató de criticar la labor de algunos periodistas diciendo en la parte del informe de conclusiones que le correspondía leer que 'no tienen la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática'. 'Aprobaron periodismo, pero no tienen la altura de esa profesión'. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le impidió continuar, porque sus reflexiones sobre la prensa no forman parte del objeto del proceso.

Olga Sánchez, malagueña como Gómez Bermúdez, se considera 'afortunada' por haber ejercido el Ministerio Público en el 11-M: 'una experiencia extraordinaria' por la 'calidad' de las personas que ha conocido desde el punto de vista laboral y entre las víctimas, con las que dice haber tenido una relación estrecha y gratificante. 'Me han dado más de lo que les he podido dar a ellas', asegura.

Durante el juicio estuvo apoyada por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y el fiscal Carlos Bautista, pero durante la instrucción se sintió sola, hasta que empezó a despachar con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien el 4 de mayo de 2004 creó un grupo de fiscales especializados en terrorismo islamista.

23 años como fiscal

Olga Sánchez ha cumplido 23 años en la carrera fiscal. Su primer destino fue Cádiz, desde donde pasó a Sevilla y, en enero de 1993, a la Audiencia Nacional, donde ha acusado a miembros de ETA y los responsables del periódico Euskaldunon Egunkaria, procedimiento en el que ahora la
Fiscalía pide el archivo de las actuaciones

Como es normal su principal caso ha sido el mayor atentado que ha sufrido España, en el que ha hecho todo lo que ha podido para investigarlo y para que el tribunal condene el próximo miércoles a los acusados para los que pide penas de hasta 38.962 años de cárcel, en el caso del ex minero José Emilio Suárez Trashorras y el presunto miembro de la célula Otman el Gnaoui.

Fue en este procedimiento donde la Fiscalía General del Estado le abrió un expediente por no haber instado la prórroga de prisión de Saed El Harrak -para el que pide 12 años de cárcel-, lo que obligó a dejarle en libertad. Este episodio fue el que originó las mayores críticas hacia ella y el juez instructor, Juan del Olmo, cuya labor, de espaldas siempre a los medios de comunicación, ha permitido la celebración del juicio tres años después de que se cometieran los atentados.