Un total de 130 jueces y 16 fiscales han firmado un manifiesto contra las “propuestas hipercriminalizadoras” oídas durante la campaña electoral. La “guinda” o el detonante ha sido la promesa electoral del Partido Popular de rebajar la edad penal de 14 a 12 años, porque la consideran “envilecedora” e incompatible con nuestro “patrimonio constitucional”. También ven en ella un “reconocimiento, cínicamente encubierto, de que no se está en disposición de desarrollar las políticas públicas idóneas” para evitar y proteger “el libre y digno desarrollo de la personalidad de los niños”.

El manifiesto, suscrito por Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y otras cuatro asociaciones progresistas con las que colaboran habitualmente, cuenta con un total de 291 firmas de jueces, fiscales, abogados, el colectivo universitario y otras profesiones.

Se ha distribuido de forma interna, a través de correo electrónico, por lo que no lo han firmado todos los que a lo mejor lo comparten y sí uno que ha sorprendido a propios y extraños: el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que presidió el juicio del 11-M y que está afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su nombre aparece algo más abajo que el de su compañero en la Audiencia José Ricardo de Prada, que impugnó su nombramiento al frente de la Sala de lo Penal hasta tres veces.

Contra las últimas reformas

Fuentes de Jueces para la Democracia explicaron que esta inusual entrada en campaña busca tener la suficiente repercusión para abrir una reflexión sobre las políticas criminales realizadas en los últimos tiempos, como la reforma de la Ley del Menor que endureció sus penas, o la de los delitos de tráfico, ambas aprobadas por el Gobierno socialista.

Sin embargo, la que se menciona de forma expresa es la relativa a la rebaja de la edad penal y “el binomino inseparable” de delincuencia e inmigración, con los que se “trata de persuadir a la ciudadanía de que existe un grave problema de delincuencia”. Con ambas ideas abrió su campaña el PP.

Los firmantes explican que la política criminal “ofrece un amplio abanico de opciones de muy diversa índole: social, educativa, económica y jurídica”, y, a pesar de ello, se pone “en circulación la falsa idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo”, subsanable sólo endureciendo los castigos existentes. Se olvida así el modelo constitucional, por el que las penas privativas de libertad deben orientarse a la reeducación y la reinserción social. “Es políticamente deshonesto introducir en el debate público ideas inconciliables con la Constitución; y más aún hacerlo con ocultación de este dato. Es enlodar el debate democrático”, dice el escrito.

Críticas inmediatas

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, respondió al manifiesto destacando que los jueces tienen “un plus de responsabilidad” que exige “un esfuerzo por la neutralidad” sobre todo en elecciones, informa EP. Los jueces no pueden estar afiliados a partidos y la Ley del Poder Judicial limita su intervención electoral al voto.