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La reunión Zapatero-Rajoy, pendiente del pacto de Justicia

El Gobierno cree que, pese a las quejas del PP, también le conviene que la entrevista sea 'útil'

G. LÓPEZ ALBA / M. J. GUEMES

El PP quiso ayer mandar un mensaje alto y claro a la opinión pública. Los conservadores están molestos porque el presidente del Gobierno ha preferido reunirse en La Moncloa con Juan José Ibarretxe antes que con Mariano Rajoy.

Pero el Gobierno cree que esta queja es más retórica que real y que el primero que no tiene ahora ningún interés en esa reunión es el propio líder de la oposición, con el que Zapatero ha tenido ocasión de intercambiar algún comentario desde que se celebraron las elecciones.

Fuentes gubernamentales consultadas por Público subrayaron que la entrevista entre ambos debería 'ser útil, servir para algo' y, a juicio de estos interlocutores, ése es también el interés político de Rajoy.

El 'algo' no puede ser otra cosa, en el horizonte de este semestre, que el pacto sobre Justicia, que condicionará la fecha de la reunión salvo que el PP opte por una actitud similar a la de Ibarretxe e incida en el intento de trasladar a la opinión pública que el presidente del Gobierno no quiere recibirle.

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Luis Ayllón, fue el encargado de transmitir la queja de manera pública. En su opinión, sus preferencias pueden generar 'una gran desesperanza en la sociedad española y una honda preocupación en el principal partido de la oposición'.

Ayllón dijo que a su partido le da igual que Ibarretxe le hubiera remitido una carta a Zapatero solicitándole esa entrevista porque, tras el debate de investidura, lo que todo el mundo esperaba es que ese primer encuentro fuera de 'forma natural e inmediata' con Rajoy.

Las críticas y los intereses

Para el número dos del Grupo Popular en el Congreso, 'el Zapatero de las grandes palabras sobre el consenso y los acuerdos en materia de Estado ha vuelto a los hechos'. 'Ha vuelto a las andadas: primero me reúno con nacionalistas y luego con el PP', sentenció.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que habría sido simple y llanamente una descortesía no recibir a Ibarretxe ante su insistencia. Desde el Ejecutivo, que ayer descartaba oficialmente un adelanto de la cita con Rajoy para que se produzca antes que la del lehendakari, se recuerda que la prioridad que marcó su presidente fue negociar con el PP un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Desbrozar el camino para ese acuerdo, que se acepta ampliar a otras medidas para 'modernizar la Justicia', está siendo la tarea principal de su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso.

Zapatero quiere que ese acuerdo esté cerrado a tiempo para permitir a Rajoy acudir, a finales de junio, al congreso del PP con un pacto de Estado bajo el brazo y desmarcarse definitivamente de la línea de los halcones de su partido, más ahora que se ha consumado el abandono del barco por Eduardo Zaplana y la retirada de los centros de poder de Ángel Acebes, los dos principales referentes del aznarismo.

Los diputados del PP tienen curiosidad por conocer cuál será el contenido de la conversación de Zapatero con Ibarretxe. Se preguntan si tratara de convencer al lehendakari para que desista de llevar a cabo su consulta popular para el próximo 25 de octubre y les gustaría saber si le ofrecerá o no un nuevo Estatuto vasco.

Ayllón quiere que le recuerde 'con contundencia que es absolutamente ilegal convocar un referéndum de autodeterminación para el País Vasco y que, de celebrarlo, situaría al lehendakari fuera de la Ley'.

Una reunión de cortesía

El PP defiende que lo lógico sería que cualquier punto lo tratara antes con Rajoy, como hizo en enero de 2005, cuando convocó al jefe de la oposición para hablar sobre el plan Ibarretxe antes de que éste aterrizara en el Congreso.

Para los socialistas, este planteamiento carece de sentido porque Zapatero ya ha dejado claro que no dirá a Ibarretxe otra cosa que la que le dijo entonces: un no rotundo a las aventuras soberanistas y que el lehendakari no tiene capacidad legal para convocar un referéndum.

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