Eran poco más de las 12.00 horas de ayer cuando el Parlament de Catalunya aprobaba una ley esperada desde la llegada de la democracia: la Ley de Fosas, que faculta al Govern para dignificar las sepulturas colectivas. Es la primera autonomía que se implica tan directamente en la recuperación de la memoria.

La votación se resolvió con los votos favorables de las fuerzas que integran el tripartitoPSC, ERC e ICV y los de CiU. Sólo los 14 diputados del PP votaron en contra, y se abstuvieron los tres de Ciutadans.

Joan Saura, conseller de Interior, aseguró que con la nueva ley se hace 'justicia histórica' y lamentó el 'olvido' y 'menosprecio' de las víctimas republicanas durante la dictadura. 'Este Parlamento comienza a reparar una de las ignominias más dolorosas de aquellos tiempos terribles de violencia desatada, asesinatos y entierros en fosas comunes sin ninguna identificación', añadió el conseller, convencido de que la normativa 'es una contribución al refuerzo de la convivencia y la democracia'.

La división como argumento

Los razonamientos de Saura no convencieron al PP. El diputado conservador Rafael López aseguró que su partido está 'a favor de la dignificación y que las familias puedan enterrar dignamente a sus muertos', pero justificó el voto en contra por la 'gestión ideológica' del concepto de memoria histórica. 'La memoria que propugnan es la división, de nuevo, de los españoles entre buenos y malos', criticó. El PP, según denunció el ecosocialista Jaume Bosch, pretendió en una enmienda que la ley afectara también a la II República.

Sin embargo, ya desde el anteproyecto legislativo quedaba claro que la normativa incumbirá a los familiares de las víctimas de ambos bandos, al margen de sus ideologías.

El nuevo texto recoge que la apertura de las fosas se efectuará siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está enterrada allí. Este extremo se dará en una minoría de casos ya que, por norma general, en las zanjas yacen milicianos cuyas familias ignoraban por completo su paradero. Para estas situaciones, la nueva ley prevé que se lleve a cabo un proceso de señalización ydignificación del lugar, que pasará por la colocación de una placa conmemorativa y por el acondicionamiento del entorno de las sepulturas.

Cuando esté acreditado que una persona desaparecida puede estar en una de estas fosas comunes, se aplicará el protocolo de exhumación, que prevé la colaboración de antropólogos, arqueólogos y forenses. También se realizarán pruebas de ADN para identificar los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

Por el momento, la Generalitat cuenta con un mapa de fosas con 179 enclaves documentados o muy probables. Sin embargo, en los próximos meses este número aumentará en medio centenar en virtud de nueva documentación a la que ha tenido acceso Interior.

Las asociaciones, satisfechas

Manel Perona, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya, calificó ayer la nueva normativa de 'muy positiva'. 'Para las familias de desaparecidos es un paso muy grande y devuelve a la normalidad este proceso de exhumación y dignificación de fosas', manifestó.

Las entidades afrontarán ahora, según dijo, 'la pesada tarea' de documentar las desapariciones y buscar en qué fosas pueden encontrarse los desaparecidos con nombre y apellidos que tengan familias dispuestas a presentar la solicitud.

Perona recordó que la ley servirá para acabar con las tres exhumaciones que hasta la fecha se habían llevado a cabo en Catalunya al margen de la Administración. Fueron en Òdena, Olesa de Montserrat y Can Massana. La asociación pagó unas exhumaciones llevadas a cabo por voluntarios. Y en ninguna se localizó ningún cuerpo.