El Parlamento ha aprobado por una amplia mayoría la convalidación del real Decreto Ley que regula la ayuda de 420 euros a los desempleados que se han quedado sin prestación y acordó tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitirá que la medida pueda modificarse y así ampliar su cobertura desde el 1 de enero.

El Decreto Ley fue convalidado por todos los partidos políticos de la Cámara, a excepción de UPyD, por 338 votos a favor y 1 en contra, mientras que su tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia fue apoyada por unanimidad.

Esta norma, en sus términos actuales, establece la ayuda de los 420 euros durante seis meses, con posibilidad de prorrogarla por períodos iguales, siempre que la tasa de paro supere el 17%, para los desempleados que hayan agotado sus prestaciones o subsidios desde el 1 de agosto y tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros).

El Congreso de los Diputados había respaldado en una reunión previa casi por unanimidad la convalidación del Real Decreto sobre la ayuda de 420 euros a los desempleados que han agotado el paro y los subsidios, y la tramitación como proyecto de ley de la ampliación de este plan para que se aplique a aquellos que dejaron de percibir estas prestaiones a partir del 1 de enero.

La iniciativa recibió el respaldo de PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU, UPN y Nafarroa Bai. Sólo UPyD rechazó la convalidación de la ayuda al considerarla 'cicatera' y que 'discrimina' a los parados que perdieron su protección antes de 2009. Por esta razón, reclamó que la ayuda sea 'univeral y permanente, no temporal', ya que su configuración actual es 'una chapuza' que es 'socialmente regresiva'.

En la presentación de la medida ante el Parlamento, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó que el Gobierno 'es consciente de que quienes más sufren el impacto de esta situación adversa son los ciudadanos sin recursos', por lo que pidió al resto de grupos parlamentarios que tengan la misma 'sensibilidad' que el Ejecutivo y apoyasen esta medida.

Asimismo, reiteró la naturaleza 'extraordinaria y la vocación temporal' de la ayuda y subrayó que no es sólo un subsidio, sino que los beneficiarios deberán inscribirse como demandantes de empleo y suscribir el 'compromiso' de desarrollar un itinerario de reinserción laboral.

En este sentido, apuntó que esta doble vertiente de protección e inserción implica que las comunidades autónomas deben 'colaborar en su ejecución', y que, aunque el Servicio Público de Empleo es el encargado de su reconocimiento y pago, son las comunidades las que gestionan las acciones.

También recordó que la prestación y el programa tendrán una duración de seis meses, aunque añadió que el plan podría prorrogarse durante seis meses adicionales.

El diputado del PP José Ignacio Echániz trasladó el 'claro sí del PP' a esta ayuda, ya que si no 'sería condenar a la indigencia a los nuevos pobres que ha creado el Gobierno socialista'.

Echániz, que calificó la ayuda de 'cheque parado', aseveró que ésta es la 'última viñeta de este vía crucis en la que han convertido la crisis'. En este sentido, reflejó como en 'otros países no debaten sobre empleo ni sobre subsidios' ya que no tienen este problema.

También acusó al Ejecutivo de estar 'disminuyendo el bienestar social a marchas forzadas y empobreciendo a la gente', y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de 'pisotear y mofarse de la economía de este país'.

En esta línea, aseguró que esta ayuda es la 'beneficiencia del Estado, que encima no acoge a todos'. 'Es como si un conductor ebrio convenciera a todos los testigos de que indemnizaran a los heridos', aseguró el diputado popular.

El diputado del PSOE Jesús Membrado realizó duras críticas a la intervención de Echaniz y llegó a 'pedir disculpas' a los parados por esta intervención. 'No venga con su mensaje apocalíptico que pretende imponer el miedo en vez de la confianza', añadió.

El portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Carles Campuzano, anunció su apoyo a la ayuda pero advirtió de que 'estas medidas no son aquello que va a reactivar el mercado de trabajo'.

Por esta razón, criticó que el Gobierno 'está instalado en una posición dogmática, como la de otros grupos sociales, que es de no entender que la salida de la crisis va a exigir reformas en el mercado de trabajo en un sentido amplio'.

Campuzano también criticó el 'olvido' que la ayuda hace de los trabajadores autónomos, y avanzó que 'en las próximas semanas' se deberá debatir también la forma de garantizar la protección de estas personas 'y evitar la fractura social de los autónomos'.

El diputado de PNV, Emilio Olabarría, también anunció que votaría a favor de la convalidación del Real Decreto y a la tramitación de los cambios como proyecto de ley, pero crítico los cambios de opinión del Ejecutivo sobre esta ayuda.

Por su parte, Joan Tardá de ERC afirmó que el Real Decreto tiene 'un tanto de ejemplo de lo que ha sido una improvisación', pero se mostró 'satisfecho' por el retraso del momento desde el que se aplica la medida y por la eliminación del requisito de que el paro deba estar por encima del 17% para que se prorrogue el plan.

El diputado de IU Gaspar Llamazares defendió que con esta medida la Cámara está 'añadiendo algo de justicia a la injusticia de la desigualdad social'. En su opinión, 'bastaría con esto' para apoyar la medida, sino que, además, 'los grupos que defendemos esta iniciativa hemos conseguido que acoja a la gran mayoría'.

Por su parte, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, mostró su apoyo a la medida a pesar de que alertó sobre 'sus debilidades', que no son tanto por su 'acción directa' sino 'una debilidad estrucural':

Asimismo, el portavoz de UPN, Carlos Salvador, hizo pública su 'posición favorable aunque crítica' a la medida, y reprochó al Ejecutivo su 'empeño en no llegar a un acuerdo global en materia económica'.