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José María Aznar y Esperanza Aguirre en una imagen de archivo. - PÚBLICO

El núcleo duro del Partido Popular (PP) acudirá unido esta sábado a la manifestación antiabortista por las calles de Madrid. Desoyendo la opinión del presidente del partido, Mariano Rajoy, que no quería "politizar" la marcha, una cuarentena de dirigentes populares se pondrá a la cabeza de la pancarta contra la reforma de la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno socialista. Durante los ocho años que José María Aznar presidió el Ejecutivo se mantuvo sin protestas la actual legislación.

A la ya anunciada presencia de Aznar se sumaron este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la vicesecretaria de organización del partido, Ana Mato; y otros referentes del PP, como María San Gil o el consejero madrileño Juan José Güemes. Junto a ellos, diputados, senadores y dirigentes conservadores asiduos a este tipo de convocatorias, como Jaime Mayor Oreja, Sandra Moneo, Jorge Fernández Díaz, Ignacio Gil o Vicente Martínez-Pujalte.

"A título individual"

Pese a todo, las entidades convocantes de la protesta continuaban asegurando este viernes que "no admiten adhesiones de partidos políticos ni de confesiones religiosas". Dos de los adalides de la manifestación, Benigno Blanco (presidente del Foro Español de la Familia y encargado de leer hoy el manifiesto) y Luis Carbonel (presidente de Concapa), apuntaron, no obstante, que "será bienvenida" cualquier persona que quiera participar en la misma "a título individual".

Blanco vaticinó que la de esta tarde será la manifestación "más numerosa e importante de la democracia" y reclamó "coherencia" a todos los que participen en la misma, "tanto a los legisladores como a los ciudadanos en su vida cotidiana".

En declaraciones a Europa Press, Blanco dijo que si el PP no quiere eliminar cuando gobierne cualquier legislación que permita el aborto, que "al menos" implante una norma "seria" que posibilite las interrupciones de embarazos sólo en algunos casos muy concretos.

El Foro reclama una ley que penalice a los médicos y profesionales que actúen al margen de la legislación, "pero nunca a la mujer que aborta, puesto que es, junto al no nacido, la otra víctima del aborto".

En el manifiesto que se leerá esta tarde, los convocantes insisten en que la nueva ley "supondría la desprotección total de las dos víctimas del aborto: el niño no nacido, que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer, abocada al aborto sin alternativas posibles". La futura normativa, en su opinión, "pretende imponer con carácter obligatorio y coactivo en todos los servicios y centros sanitarios y educativos la ideología de género y su visión de la sexualidad y la persona".

Los convocantes exigen la retirada del proyecto de ley del aborto, la promoción de una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada y "la promoción de la cultura de la vida", con "la única solución progresista y humana: proteger siempre al no nacido".

La opinión del Gobierno

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró ayer su "respeto" ante la marcha, aunque defendió la "oportunidad" de la reforma legislativa, que en su opinión ha recibido "el aval unánime de constitucionalidad del Consejo de Estado" y que dotará de "mayor seguridad jurídica" a las mujeres y profesionales sanitarios. Para De la Vega, además, la reforma de la Ley del Aborto "trata de evitar embarazos no deseados".

"El Gobierno velará porque los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manifestación con plenas garantías", aseguró De la Vega durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para después criticar la "incoherencia" de los dirigentes populares, cuya actitud calificó de "incomprensible".

La vicepresidenta quiso evitar cualquier conflicto con la Iglesia católica, reiterando el "clima de respeto" existente en las relaciones con la Conferencia Episcopal. Pese a ello, los obispos han invitado, aunque sin convocar, a participar en la marcha.

Uno de los prelados más duros fue el obispo de Huesca, Jesús Sanz, quien considera que la futura ley es "enormemente machista" y consagra "el infanticidio y el matricidio". Por su parte, el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, denunció que el aborto "no es ningún progreso, sino una regresión", porque "no hay derecho para el mal".

Finalmente, otro de los obispos del sector duro, el titular de Tarazona, Demetrio Fernández, incidió en que "en Europa, desde que se ha legalizado la Ley del Aborto, no han visto la luz 50 millones de niños, que hoy serían 50 millones de jóvenes".