La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar un pelotazo en Ponferrada (León) del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, según informaron fuentes jurídicas. En 2002, el gobierno del PP en esta localidad concedió al empresario parcelas para construir 2.000 viviendas y el pago fue inferior al 20% del precio de mercado de aquel momento.

El proceso de cesión fue considerado irregular por los tribunales: hay dos sentencias firmes que anulan la concesión por falta de publicidad y concurrencia, y por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. El gobierno municipal, dirigido por Carlos López Riesco, diputado nacional del PP, ha ignorado al menos otras dos sentencias que anulan concesiones municipales a Ulibarri.

Con estos mimbres el PSOE de Ponferrada acudió el pasado marzo a la Fiscalía Anticorrupción instándole a abrir una investigación. También lo hizo posteriormente la organización Manos Limpias.

Tras analizar la documentación y considerar que los hechos denunciados eran verosímiles, la Fiscalía Anticorrupción trasladó el caso a la fiscalía de la Audiencia Provincial de León, que ha su vez la entregó a mediados de noviembre a la fiscalía del área de Ponferrada para que emprenda la investigación.

El proyecto de urbanización del barrio de La Rosaleda, en el centro de Ponferrada, se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 tuvo que renunciar al cargo al ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. El proceso, sin embargo, siguió adelante y las adjudicaciones culminaron apenas tres meses después de la toma de posesión del nuevo alcalde, hoy diputado nacional del PP.

En estos tres meses se aumentan las adjudicaciones a Ulibarri, que pasa de controlar provisionalmente 539 parcelas a lograr 2.016 en el reparto definitivo. El desembolso fue de sólo 12,1 millones de euros por 185.000 metros cuadrados edificables.