Dividir la investigación de un caso de corrupción en distintos tribunales conlleva problemas, como que, en ocasiones, aspectos concretos de la causa sean difícil de saber a quién corresponden. Es lo que ocurre en el caso Gürtel con la presunta financiación irregular del PP valenciano que denunció la policía en un informe presentado el pasado 31 de julio.

Tal y como se conoció ayer, en diciembre la Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que reclamara las cuentas del PP valenciano para investigar si el partido se había financiado de manera irregular.

El Supremo debe revisar el archivo de la causa de los trajes de Camps

El magistrado todavía no ha decidido qué hacer. Su primera intención era dejar en manos del TSJ de la Comunidad Valenciana la investigación de este episodio del caso Gürtel, sobre todo, porque el informe policial señalaba como culpables a varios aforados, entre ellos, al ya ex secretario general del PP valenciano Ricardo Camps. Y los diputados autonómicos sólo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad por la que fueron elegidos, por lo que, si el TSJ de Madrid asumiera la competencia de la investigación tarde o temprano debería inhibirse a favor del de Valencia.

Y precisamente eso es lo que quiere Anticorrupción. El Ministerio Público sostiene que el TSJM investiga la totalidad de la causa, salvo lo que corresponde al Tribunal Supremo, es decir, los aforados nacionales imputados: el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino. Sobre todo desde que el pasado agosto el TSJCV archivara la causa abierta por los trajes que recibió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano.

Valencia puede hacer averiguaciones por la querella del PSOE

Para la Fiscalía, el TSJM debe comenzar a investigar la presunta financiación irregular del PP hasta que sea imposible avanzar sin tocar a los aforados valencianos, momento en el que se inhibiría a favor del valenciano.

Sin embargo, la situación judicial del caso es más compleja. El informe policial en cuestión fue presentado en el TSJ valenciano, el de Madrid, el Supremo y la propia Fiscalía Anticorrupción. El de Valencia, en una decisión sin precedentes, procedió a devolvérselo a la policía.

Para remediar esta situación, el PSOE interpuso una querella el pasado 9 de noviembre ante el propio TSJCV. Antes de pronunciarse sobre su admisión, el tribunal ordenó varias diligencias, entre ellas, pedir al TSJM que le informara de las diligencias que había realizado al respecto. Pedreira todavía prepara la respuesta que debe remitir al tribunal valenciano, pero fuentes del TSJ madrileño señalaron que no impedirá la investigación en Valencia, porque él no ha hecho ninguna averiguación sobre los cinco aforados que figuran en la querella del PSOE por la financiación irregular del PP.

Según dichas fuentes, las únicas diligencias realizadas por Pedreira consistieron en reclamar a Valencia en julio los contratos que la Generalitat firmó con Orange Market y otras empresas de la trama. Nunca obtuvo respuesta. Y ha ido remitiendo al TSJCV todos los documentos de la red corrupta relacionados con la trama valenciana a medida que aparecían en las cajas que le envió en marzo el juez Baltasar Garzón.

Pedreira llegó, incluso, a enviar a Valencia los indicios existentes contra el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, el Bigotes, porque consideraba 'ineludible' juzgarlos junto a Camps. El TSJCV llegó incluso a recriminarle por habérselos remitido.

Y mientras tanto, el Supremo debe decidir si el archivo de la causa de los trajes fue correcta o el TSJ valenciano debió investigar lo denunciado. Si opta por este criterio, devolverá la causa a Valencia y puede que le ordene investigar también las irregularidades detectadas en la financiación del PP.