El Consejo de Estado determinó ayer que existen motivos para que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional los derribos del barrio de El Cabanyal, en Valencia. El órgano reitera que las competencias sobre el patrimonio artístico en caso de 'peligro de expolio' corresponden al Estado. El informe, al que ha tenido acceso Público, señala que el objetivo del decreto-ley de la Generalitat valenciana del 8 de enero no es otro que invalidar la orden dictada el 29 de diciembre pasado por el Ministerio de Cultura.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reaccionó ante la petición de Cultura de suspensión de los derribos con un discurso enfervorizado en defensa de las competencias autonómicas y municipales de los valencianos, ante lo que consideró una 'injerencia inaceptable' del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Tan sólo diez días después de la orden del Ejecutivo central, la Generalitat valenciana tradujo su indignación en un decreto-ley que pretendía invalidar la decisión del Estado.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, invalidó ayer la postura de la alcaldesa y de la Generalitat al señalar que el decreto-ley 'carece de competencia y legitimidad' para establecer que los derribos no pueden ser detenidos 'por actos o acuerdos de otras Administraciones Públicas'. El Consejo de Estado destaca que esa afirmación 'deja patente la finalidad' del Consell de blindar su intención ante una opinión contraria del Gobierno del Estado.

El informe del Consejo de Estado evita determinar si el Plan destruye la identidad cultural

El Ayuntamiento de Valencia pretende, desde hace más de diez años, sacar adelante un plan urbanístico para prolongar 700 metros la avenida de Vicente Blasco Ibáñez, hasta el mar. Para ello, debe atravesar el barrio marinero de El Cabanyal, pese a que se trata de un centro histórico protegido como Bien de Interés Cultural. Los vecinos, que han visto cómo el Ayuntamiento ha permitido la degradación del entorno, también se oponen a los derribos.

El informe del Consejo de Estado evita determinar si el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyameral (PEPRI) destruye la identidad cultural del barrio hasta el punto de considerarlo un expolio. Sin embargo, acepta esa controversia y no encuentra motivo de oposición para que el Gobierno interponga recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional. El órgano recuerda que el Tribunal Supremo sentenció el pasado 29 de mayo que 'la existencia o no de expoliación es algo que compete a la Administración General del Estado'.

En su consulta al Consejo de Estado, el Gobierno argumentó que no estaba justificada la 'urgencia' reiterada por parte del Consell para desarrollar el plan urbanístico. El Ejecutivo considera inválido el argumento del decreto-ley de la Generalitat que aduce urgencia en las obras porque ya está presupuestado el desarrollo del plan y, además, ya están en marcha las demoliciones para, supuestamente, 'revitalizar' el barrio.

El Ejecutivo considera inválido el argumento del decreto-ley de la Generalitat

El Ayuntamiento y la Generalitat valenciana crearon una sociedad mixta de empresas denominada Cabanyal 2010 para realizar el plan. El president del Consell, Francisco Camps, y Rita Barberá escogieron a dedo las diez compañías que desarrollarían las demoliciones.

Entre las elegidas destacan dos constructoras señaladas por la policía en la investigación del caso Gürtel como participantes de la financiación ilegal del PP valenciano. Las dos empresas abandonaron el proyecto con plusvalías del 10% en dinero público.

Una vez recibido el informe del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros autorizará hoy, salvo impedimentos imprevistos, a la Abogacía del Estado para interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Conflicto de competencias
El informe del Consejo de Estado señala que la Constitución otorga a la Administración General del Estado las competencias de Patrimonio histórico y artístico en casos de expolio o exportación sin perjuicio a las competencias autonómicas

Legislador arbitrario
El documento señala que el objetivo real del decreto-ley es zanjar un conflicto de competencias con el Gobierno, y añade que esa decisión podría ser una arbitrariedad del legislador.