El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, aprovechó ayer el auto en el que rechaza el recurso del PP contra la remisión al Tribunal Superior de Valencia de los nuevos indicios hallados contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros aforados de dicho partido para lanzar una advertencia: 'La hipótesis de la ruptura de la causa sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal, llena de informes y contrainformes y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros'.

El magistrado no dirige la acusación contra nadie, pero el PP, que al menos nominalmente ejerce la acusación en el procedimiento, utilizó como argumento para oponerse a la inhibición que la unidad de la causa se rompería, lo que dificultaría la investigación.

Pedreira se queja del informe de la Abogacía General de la Generalitat

El partido olvidaba que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no puede investigar a los aforados de la Comunitat Valenciana, porque la ley prevé que sólo pueda hacerlo el Tribunal Superior de la Comunidad a la que pertenecen o el propio Tribunal Supremo.

Por eso, el juez Pedreira se inhibió el pasado 25 de mayo, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar conexidad delictiva, pero primar la regla del aforamiento. Y el PP, pese a ser acusación, recurrió la decisión.

Con su advertencia del riesgo de 'batalla campal o campo de Agramante', el juez Pedredira se refiere al informe de la Abogacía General de la Generalitat, de más de 700 páginas, que pretende cuestionar los informes de la Unidad de Auxilio Judicial, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Agencia Tributaria.

De todos ellos se desprenden indicios de 'delitos contra la administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la administración pública valenciana'. Con esas supuestas irregularidades es posible que se agrave el cohecho que se atribuye a Camps, a los dirigentes del PP valenciano Víctor Campos y Rafael Betoret y al ex secretario general del PP de dicha comunidad Ricardo Costa. Es posible si se comprueba que los regalos que recibieron de la trama corrupta presuntamente liderada por Francisco Correa sí obedecieron a que sus empresas se vieron beneficiadas con contratos con del Partido Popular o de la Generalitat valenciana.

Los informes cuestionados por la Abogacía General de la Generalitat que, por ejemplo, cifran en 41.988 euros el importe de cuatro expedientes de contratación autorizados por el gabinete de la presidencia, obligan a investigar la relación entre éstos y los regalos de los que ya se ocupaba el TSJCV, algo que sólo este tribunal puede hacer.

Reclama a los conservadores 'prudencia y ponderación'

Pero la guerra de informes no es la única crítica que hace el instructor al PP. También considera que 'utiliza calificativos en exceso, que no pueden ser compartidos'. Es más, señala que 'el lenguaje utilizado pudiera resultar, a veces, desmesurado y rayano en la descalificación'.

Pero, pese a ello, el juez se niega a expulsar al PP del procedimiento, aunque no comparta los 'adjetivos' que 'se deslizan' en el recurso contra la fiscalía y él mismo. El partido conservador acusaba al fiscal y a Pedreira de falta de rigor y objetividad e, incluso, decía que su actuación 'raya el fraude procesal'.

Tras recordar que no existe contra el PP ningún reproche punitivo, el auto afirma que 'la posición de defensa, a veces, de algún encausado', que hace el partido 'no deja de ser inusual', por lo que le recuerda que 'sería recomendable prudencia y ponderación, con eliminación de calificaciones peyorativas'.

El recurso del partido sigue vivo ante la Sala Civil y Penal el TSJM

Por si fuera necesario aclararlo, el juez Pedreira señala que con su decisión no pretende establecer una controversia de fondo con el magistrado instructor del TSJCV, José Flors, porque ambos están sometidos al imperio de la ley y son competentes para aplicar el derecho en sus respectivas comunidades.

No obstante, no sería la primera vez que el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, del que Camps dijo que era 'más que amigo', no acepta la documentación remitida por Pedreira. El año pasado se la devolvió, porque no precedía de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. Ahora el tribunal valenciano ha pospuesto su decisión hasta que la inhibición sea firme, lo que no se producirá hasta que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Madrid resuelva el recurso de apelación interpuesto por el partido, tras rechazarse la reforma.

Si el tribunal valenciano no aceptara el caso, sería el Tribunal Supremo el que resolviera el conflicto de competencia surgido.