El escándalo de la colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de Empleo financiados por la Junta de Andalucía ha situado la gestión de José Antonio Viera y Antonio Fernández, dos ex consejeros de Manuel Chaves, en la diana. El PSOE teme que los tribunales acaben investigando, según sostienen tanto la Policía Judicial como la Intervención de la Junta, la supuesta ilegalidad en la gestión de los 647 millones de euros presupuestados para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Esta cifra pudo repartirse sin publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 'prescindiendo de forma total y absoluta' de los procedimientos establecidos, según la Intervención. Lo que implica que su reparto es 'constitutivo de infracción penal' por su 'arbitrariedad e injusticia', según la Policía.

Más allá de supuestas ilegalidades, aflora un asunto puramente político, que está ahora mismo en el centro del debate andaluz, y al que apuntan PP e IU: ¿Cómo pudieron ambos consejeros crear y perpetuar un modelo de reparto de subvenciones, como mínimo, cuestionable? 'A mí tampoco me gustaba ese sistema', aseguró a Público otro ex consejero del gabinete de Chaves. Y es que la respuesta que ha venido ofreciendo el Gobierno andaluz es que en ningún caso se trata de un sistema ilegal, sino uno más entre otros posibles y que la decisión adoptada en 2001 se tomó para ganar dinamismo en un proceso que se requiere que sea rápido. Las empresas en crisis agregan desde el Ejecutivo necesitan oxígeno con prontitud y los trabajadores también quieren resolver la incertidumbre, garantizándose cuanto antes el cobro de indemnizaciones.

El desvío de fondos públicos a cuentas de falsos empleados es millonario

El Gobierno sostiene que podían seguirse tres procedimientos: una transferencia de fondos al Instituto de Fomento de Andalucía, avalada por la ley de Presupuestos; una subvención excepcional, el adecuado, según la Intervención y la Policía; o bien una encomienda de gestión. Se optó por el primero de ellos porque 'permitía adelantar recursos y daba agilidad'.

Los investigadores, bajo la dirección de la jueza de instrucción Mercedes Alaya, tienen en el punto de mira a casi 40 empresas, en las que sospechan que se produjeron las irregularidades. También está bajo sospecha Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, el hombre que resolvió numerosos engorros laborales para la Junta entre 1999 y 2008. Por el momento, el Gobierno circunscribe la responsabilidad de las irregularidades a la actuación de Guerrero.

La Junta de Andalucía persigue recuperar el dinero malversado

El desvío de fondos públicos a las cuentas de falsos prejubilados se presume millonario. Hasta ahora, Empleo ha admitido la existencia de 39 en 14 empresas. Uno de los objetivos declarados de la Junta es recuperar el dinero presuntamente malversado.

José Antonio Viera dirige ahora la federación socialista de Sevilla, una de las más importantes del país. Es una pieza de caza mayor. Fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y tuvo como viceconsejero a Fernández, que le sustituyó en el cargo y se mantuvo hasta 2010, cuando el actual presidente, José Antonio Griñán, lo relevó por Manuel Recio. Este gestiona como puede una situación heredada. Tanto Viera como Fernández declinaron responder a las preguntas de Público. Viera sí dijo en la cadena Ser que había existido un 'fallo en la confianza' depositada en Guerrero y que si hubiera sabido lo que se cocía 'lo hubiera puesto en la calle en treinta segundos'. Y remachó: 'Si hubiéramos sabido algo, yo no debería estar aquí'.