El aumento de los impuestos, las actuaciones de los bancos y los recortes salariales a los funcionarios a raíz de la crisis económica han hecho aumentar en un 56% las quejas recibidas en 2010 por la oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por María Luisa Cava de Llano. Así, el año pasado se tramitaron 34.674 quejas frente a las 22.287 de 2009.

La clave de este aumento está en los expedientes colectivos, que de un año para otro casi se cuadruplicaron. Así lo explicó ayer Cava de Llano tras hacer entrega de la memoria anual de la institución al presidente del Congreso, José Bono, y a su homólogo en el Senado, Javier Rojo.

Alerta ante las prácticas 'abusivas' en la detención de extranjeros

La gran mayoría de quejas colectivas recibidas el año pasado estuvieron relacionadas con la función pública y las políticas sociales, 'lo que es un indicador del malestar provocado en amplios colectivos sociales por las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento durante 2010 para combatir los efectos de la crisis económica', según la memoria anual del organismo.

Las quejas individuales sobre temas económicos se han duplicado en 2010 pasando de 1.780 a 3.692. La mayoría hace referencia a 'prácticas abusivas con las hipotecas', por lo que la oficina del Defensor considera que 'es necesaria una nueva regulación de los supuestos de impago de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzando hacia fórmulas de dación de pago', es decir, que la deuda contraída por no pagar la hipoteca se pueda cancelar, simplemente, entregando la vivienda. El presidente de la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros de España, Manuel Pardos, espera que el informe del Defensor del Pueblo sea 'un empujón decisivo' para el Congreso y el Senado, ya que considera 'imprescindible' encontrar una solución a los embargos hipotecarios.

La crisis ha hecho saltar las alarmas y los ciudadanos también han expuesto a la institución la 'necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia personal y familiar'. Se trata de un aspecto al que 'la actual legislación no ofrece una respuesta adecuada', según señala la memoria del Defensor del Pueblo.

Los ciudadanos denuncian las desigualdades en la atención sanitaria

También en el marco económico, el organismo que preside Cava de Llano ha iniciado trámites encaminados a intentar que la Administración alivie la carga tributaria de muchos contribuyentes 'ante la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, tras las sucesivas revisiones de los valores catastrales'.

Extranjería: Redadas masivas

La Defensora pide regular las deudas hipotecarias y aboga por la dación en pago

Por otro lado, la Defensora del Pueblo denunció ayer las 'prácticas abusivas por parte de agentes policiales en la identificación y detención de ciudadanos extranjeros', que han provocado numerosas quejas de particulares y diversas asociaciones. Cava de Llano explicó que la institución que preside ya ha hecho saber al Ministerio del Interior su desacuerdo con la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras porque 'su redacción confusa y la mezcla de varios conceptos pueden favorecer las detenciones masivas de extranjeros'. Por todo ello, la oficina del Defensor 'mantiene una actitud vigilante' sobre este tema, reza la memoria anual.

Centros de Menores: Mejoras

Tras el duro informe monográfico sobre los centros de internamiento y protección de menores que elaboró el Defensor del Pueblo, Cava de Llano señala que 'su situación ha mejorado notablemente', aunque la función de algunos sigue siendo 'dudosa'. Por eso, estos centros siguen siendo objeto de 'control riguroso' por parte de la institución. 'Nunca avisamos de que vamos a inspeccionarlos y las visitas son exhaustivas. Entrevistamos a los internos que lo desean, destapamos las cacerolas en las cocinas, abrimos los grifos de las duchas, miramos la fecha de caducidad de los yogures', aseveró la Defensora. El informe indica que se ha aprobado el protocolo básico de actuación que demandaba la Defensora, pero sería 'deseable', en su opinión, que ese protocolo se elevara a norma con rango de ley.

Sanidad: Falta de equidad

La mayoría de las quejas recibidas en el ámbito sanitario responden a las diferencias entre servicios asistenciales, en función de la comunidad autónoma, especialmente en lo que tiene relación con el desarrollo de la Ley de Dependencia. 'Los ciudadanos no entienden el porqué de esta diversidad', concluye la memoria, que insta a las administraciones involucradas a 'adquirir el firme compromiso de respetar los principios de equidad y universalidad que inspiran el Sistema Nacional de Salud'. En 2010, la Defensora recibió 8.229 quejas sobre Sanidad y Política Social, una de las áreas a las que han llegado más críticas colectivas (5.485).

Medio Ambiente: Estudios de impacto

El informe del Defensor del Pueblo también refleja las quejas ante los estudios de impacto ambiental de infraestructuras, que en muchas ocasiones 'quedan degradados a meros trámites'. Además, califica la relación entre la corporación local y la empresa de 'muy favorable a los intereses de los ayuntamientos'. De este modo, califica estas actitudes de 'hostiles y entorpecedoras' de las funciones públicas.

Cárceles: Hacinamiento

La Defensora visitó el año pasado 231 cárceles a raíz de la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que el organismo desempeña por orden de las Cortes. 'Las cárceles españolas, en comparación con las de otros países, son aceptables, aunque pueden mejorar', reconoce Cava de Llano. La mayor preocupación de la institución es el 'hacinamiento de los presos', por lo que ha propuesto que 'se tomen medidas alternativas a la cárcel para impedir que haya tantos internos'.

Incumplimientos: Instituciones díscolas

El informe del Defensor del Pueblo también señala a las administraciones que no dieron una respuesta adecuada a las solicitudes o requerimientos efectuados por la institución. En ese grupo destacan los ayuntamientos: 12 de ellos incumplieron su obligación de colaboración con el Defensor.

El Instituto Madrileño del Menor y la Familia dependiente de la Comunidad de Madrid, y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Tecnología y Consumo, también entorpecieron la labor realizada por el Defensor del Pueblo durante el año pasado.