La política del PP sobre inmigración recibió ayer el rechazo frontal del Parlament de Catalunya, donde los restantes grupos parlamentarios tumbaron al unísono la propuesta de un contrato de integración. En una alineación insólita, CiU compartió el voto con la izquierda (PSC y ICV) y el resto de partidos para rechazar la iniciativa legislativa. Todos coincidieron en calificarla de electoralista y sesgada.

'Les pedimos que excluyan de una vez este tema del debate electoral', clamó la diputada Anna Figueras en nombre de CiU, que presentó su propia enmienda de totalidad sumándose así a las presentadas por los tres partidos que integraban el Gobierno anterior.

En vísperas del inicio de la campaña de las municipales, el PP de Catalunya culminó ayer el tercer debate consecutivo sobre inmigración en las últimas semanas. El diputado Rafael López se apoyó en recientes sondeos oficiales que revelan la prioridad de la inmigración entre las inquietudes de la ciudadanía (32,3%), frente a las tensiones con el Estado (5,6%) o la financiación (0,5%). 'La culpa de esto es de ustedes, de todos los gobiernos que han gestionado hasta ahora la política sobre inmigración', clamó el diputado.

'La integración no es una opción, sino una obligación', afirmó Rafael López en defensa de la idea del contrato, que establece compromisos explícitos sobre el cumplimiento de las leyes y el esfuerzo de integración para la obtención del permiso de residencia. El diputado popular no dudó en citar algunos barrios de ciudades como Badalona, Terrassa, Mataró, Reus y Salt para defender su propuesta. López recurrió incluso a Wikileaks para subrayar que Catalunya es uno de los focos europeos del integrismo islámico radical.

El alegato del diputado popular fue censurado con dureza por Jordi Miralles (ICV), en una repetición calcada de debates anteriores sobre la misma cuestión. El diputado ecosocialista, que calificó la propuesta de 'despropósito jurídico' y 'un paso atrás en la democracia', acusó directamente al PP de alentar la agitación sobre el caso por intereses electorales. Al igual que el resto de los grupos parlamentarios, Miralles recordó la ausencia del PP en el Pacto Nacional de Inmigración, aprobado en 2008 por iniciativa del Tripartito con un amplio consenso político y social, para cargar contra el oportunismo de la propuesta. Esta plataforma, así como la Ley de Acogida, aprobada hace un año y recurrida ante el Tribunal Constitucional, forman el entramado normativo de la Generalitat sobre la inmigración en el ámbito de Catalunya.

El PSC también acusó al PP de pretender rentas electorales. 'Ya tienen lo que querían: un titular fácil', declaró la diputada Consol Prades, quien calificó la propuesta de 'vacía, sin fundamento y hasta de dudosa constitucionalidad'. Más duro fue Oriol Amorós, de ERC, quien citó el caso del Govern valenciano de Franciso Camps para censurar la iniciativa como una 'ley de pandereta'. 'Todo el mundo dijo debe respetar la ley sin tener que firmar un papelito'.