El Gobierno confía en que la reforma de las pensiones esté aprobada en julio, después de que el Congreso tumbara este jueves el veto de ERC-IU-ICV, el BNG y UPyD, que pedían devolver el texto al Ejecutivo al rechazarlo de principio a fin.

Así, una de las reformas clave planteadas en el último tramo de esta legislatura nacida con fórceps del consenso de empresarios y sindicatos seguirá su curso parlamentario sin sobresalto alguno, apoyada en los votos del centro derecha. Los resultados electorales del pasado domingo no mermaron en absoluto los pilares políticos sobre los que el Ejecutivo ha construido buena parte de su edificio de reformas contra la crisis.

PSOE, CiU y CC tumban los tres vetos de ERC-IU-ICV, BNG y UPyD

Así, con el apoyo de socialistas, CiU y Coalición Canaria y la abstención de PP, PNV y Unión del Pueblo Navarro, la reforma, que entre otras cosas retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años, reforzó su 'doble sostén político y social', según destacó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 'Resultaría simplificador presentarla como un mero retraso en la edad de jubilación', atajó críticas. La modificación avalada este jueves 'es el modo en el que queremos garantizar que las pensiones que cobren nuestros hijos sean mayores que las que cobran hoy los que están jubilados, al igual que las nuestras van a ser superiores a las de nuestros mayores', argumentó el ministro.

'Hoy es un día aciago para el Estado social', replicó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, cuando subió a la tribuna el discurso crítico. Llamazares lamentó el 'retroceso histórico' que, según su lectura, entraña el texto debatido. 'Una burla, un sacrificio inútil a los dioses del mercado, que son tan omnipotentes como insaciables', insistió, antes de reclamar una alternativa. Existe, defendió: 'Se pueden hacer cosas en materia de ingresos y muchas más en materia de gastos', recordó al Grupo Socialista, al que pidió que 'se rebele' contra la reforma.

'Es progresista; no recorta las pensiones', defiende el PSOE

'Se han rendido a los mercados financieros', duplicó argumentos desde ERC Joan Tardà. 'El proyecto es una carga de profundidad contra los derechos de los trabajadores: más dificultad para acceder a la jubilación, menos prestación', recriminó el diputado republicano al titular de Trabajo. 'Es injusta, inútil y precipitada. Una ley alicorta sin más objetivo que tranquilizar a los mercados', resumió a la hora de defender su enmienda a la totalidad la portavoz de UPyD, Rosa Díez.

'De llevarse a cabo, supondrá un empeoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población al tener que trabajar más años y recibir una pensión menor', advirtió justificando su veto Olaia Fernández, del BNG.

El PNV basó su abstención en una actitud de equidistancia entre su desafecto hacia el texto y su desdén hacia las críticas integrales de sus detractores, aunque 'algunas' estén 'muy puestas en razón', según admitió Emilio Olabarría.

Las enmiendas a la totalidad permitieron reeditar el debate que ya se celebró hace dos meses para discutir las resoluciones de la Comisión del Pacto de Toledo sobre la reforma. Que el olvido no anestesie al texto era la intención última de los tres vetos planteados.

Enfrente, y a favor, el Grupo Catalán, que sostuvo la parte activa del rechazo a los vetos planteados, hizo apuestas por la mejora de la reforma en su próxima tramitación. Desde el PSOE, Jesús Caldera defendió el carácter 'progresista' del texto y clamó contra las principales etiquetas que se han adherido a su discusión: 'Esta ley no supondrá en absoluto un recorte de pensiones; no supondrá en modo alguno una merma de las oportunidades de empleo para los jóvenes; no va dirigida a los mercados sino a los ciudadanos'.

Con CiU y PSOE a favor y la izquierda minoritaria claramente situada en contra, el PP se colocó de perfil en el debate. Las tres enmiendas a la totalidad planteadas 'adolecen de inmovilismo', según criticó su ponente, Tomás Burgos; el texto, de realismo. A su juicio las modificaciones planteadas 'no responden adecuadamente' a garantizar la sostenibilidad del sistema, puesta en entredicho por el rumbo desbocado del desempleo.