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AI pide que la vivienda y la salud puedan exigirse en los tribunales

La organización pide a los dos partidos mayoritarios que reformen la Constitución para proteger los derechos fundamentales

PÚBLICO.ES

Amnistía Internacional ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy que, ante el anuncio de la reforma de la Constitución, 'aprovechen esta oportunidad' para que el derecho a la vivienda y a la salud puedan exigirse en los tribunales.

La organización propone, en una carta enviada a los dos líderes, que tanto el derecho a la vivienda como a la salud, tal y como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, figuren en la Constitución bajo el título de los derechos fundamentales, 'algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad', como la posibilidad de exigir estos derechos en un juicio.

'La vivienda y la salud son derechos de igual rango al derecho a un juicio justo'

'En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda y la salud no están protegidos igual que otros. Y sin embargo, son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo', asevera la organización. Sobre todo, añade Amnistía Internacional, el problema es más visible en este contexto de crisis económica, en la que 'muchas personas han perdido su hogar' y otras muchas viven en 'infraviviendas'. 'Esta situación tiene un grave impacto en el disfrute de otros derechos humanos', aseguran.

En lo referente a la sanidad, y según datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra 'en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental', con 6.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Además, desde Amnistía Internaciona denuncian también que la mención a la pena de muerte se mantiene en la Constitución, en el artículo 15, para tiempos de guerra. 'La reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación', defienden.

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