Cuando sólo han pasado diez días desde la prohibición en el Parlament catalán de expresiones como 'España nos roba' o 'expolio fiscal', el Govern de CiU siguió este martes con su campaña de denuncia del trato económico que recibe por parte del ejecutivo central con redoblada energía.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, confirmó oficialmente que el Ejecutivo de Artur Mas exigirá en los tribunales el pago de los 759 millones de la liquidación del presupuesto de 2008 que el Estado adeuda a Catalunya. Este dinero corresponde a la Disposición Adicional Tercera del Estatut, según la cual el Gobierno central debe invertir en infraestructuras una cantidad proporcional a la colaboración catalana en el PIB español.

'Este es un hecho extraordinariamente grave, de los más graves ocurridos en época democrática, no tiene precedentes', dijo Homs sobre el impago por parte del Gobierno central que anunció la vicepresidenta económica, Elena Salgado, hace dos semanas.

Además de acudir a la Justicia ordinaria para presentar un recurso contencioso administrativo, el portavoz advirtió de que comunicará 'a las autoridades europeas cuál es la actitud y el comportamiento del Estado en este caso'.

En este sentido, Homs explicó que las declaraciones de Salgado en el sentido de que el presupuesto no obliga son 'desconcertantes e intolerables, el tipo de cosa que pondremos en conocimiento de Europa'. El portavoz recordó que este pago debe producirse en cumplimiento de una ley y que el Gobierno sabe 'perfectamente' qué supone para la Generalitat: 'Tiene aires de vendetta contra Catalunya'.

El Govern insiste en que la situación en que queda su tesorería sin estos 759 millones es muy delicada. Homs insinuó que la paga extra de Navidad de los funcionarios podría pagarse con retraso, pero sobre todo, esta partida provocará una desviación en el presupuesto una obsesión del Govern para demostrar su 'credibilidad' y acceder a crédito que podría llegar a ser del 0,3 o 0,4%. De este modo, su déficit en 2011 alcanzaría casi el 3%.

El PSC, como ICV-EUiA y ERC, aplaudió la decisión de acudir a la Justicia. Su portavoz parlamentario, Joaquim Nadal, aseguró que 'el PSC debe estar al lado del Govern en vista de esta situación extrema'. El PP, por su parte, pidió más 'diálogo'.

La presión que el Govern ejerce sobre el ejecutivo central alcanzará también al Gobierno entrante, aunque Josep Antoni Duran i Lleida, líder de CiU en Madrid, dijo este martes que entiende que esta cuestión no sea una prioridad del futuro presidente.

Mientras se apura la discusión, el Parlament anunció este martes que da marcha atrás; la expresión 'España nos roba' vuelve a ser admitida.