El fichaje de la exvicepresidenta económica Elena Salgado por la eléctrica Endesa ha llevado a Izquierda Unida a plantear al Ejecutivo si tiene pensado llevar a cabo una reforma en la regulación de los conflictos de intreses de los altos cargos 'para garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la privada'.

La formación lo hará a través de su portavoz económico en el Congreso, Alberto Garzón, encargado de registrar la pregunta en el Parlamento, según informa en un comunicado. Garzón preguntará al Ejecutivo 'cómo valora este tipo de saltos de la actividad pública a la privada' y si cree que en situaciones así 'están claramente delimitados el interés público y el privado'.

Para Izquierda Unida, 'es difícil pensar que una exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía personalmente, por delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones en relación con una empresa como Endesa'. 'O que no haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dicha empresa', añade Garzón.

'Estos son los dos supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese', añade la federación, que hace referencia a la Ley 5/2006 de 10 de abril, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del estado, estableciendo que, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.