Los socialistas no entienden que cinco días después del anuncio de la nacionalización de BFA-Bankia ningún miembro del Gobierno haya salido a explicar públicamente las circunstancias en las que se ha producido esa situación. Por eso han reclamado este lunes durante la Junta de Portavoces del Congreso la comparecencia urgente en pleno del ministro de Economía, Luis de Guindos. Ya habían exigido que fuera a la Cámara el martes pasado, antes de que el Estado confirmara la toma del control de la entidad. 

Pero, además, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha asegurado que una vez que se pronuncie el Gobierno al respecto, su grupo también demandará que los gestores del banco, 'cuya gestión ha dado como resultado la nacionalización', den explicaciones en sede parlamentaria acerca de su trabajo en Bankia. Fuentes del PSOE han indicado que quienes deberían hablar públicamente tendrían que ser, por lo menos, el que hasta el pasado lunes fue presidente ejecutivo del banco, Rodrigo Rato, y su predecesor en el cargo, Miguel Blesa. Los dos están vinculados al PP.

El Grupo Socialista también pedirá la comparecencia de los máximos responsables organismos reguladores y supervisores del sector financiero español. Rodríguez no descartó, por tanto, que su partido reclame que el actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acuda al Congreso a explicar la actuación de la institución que preside durante la crisis de Bankia.

Respecto a las negociaciones que iniciaron los socialistas con el Gobierno el pasado jueves sobre el real decreto aprobado por el Ejecutivo para la reforma financiera, el PSOE ha vuelto a mostrar su 'voluntad clara y sincera' de diálogo. Pero Rodríguez ha querido dejar claro que su partido en ningún caso dará 'un cheque en blanco' al Gobierno, dando su apoyo a un decreto que, según ha dicho, 'genera más dudas que certezas'.

En opinión de los socialistas, el hecho de que ningún miembro del Ejecutivo haya comparecido públicamente para explicar la nacionalización de Bankia y valorar el informe elaborado por la Comisión Europea sobre las previsiones para España, demuestra que el Gobierno 'o actúa a golpe de improvisación o lo que hace no se le puede explicar a los ciudadanos'. Rodríguez ha insistido en que el PSOE seguirá reclamando que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, comparezca para explicar la reforma financiera y el plan del Gobierno contra la crisis.

Quien sí que no apoyará, de ningún modo, el real decreto ley del Gobierno es Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Como ha sintetizado Joan Coscubiela, el portavoz ecosocialista, lo único que logrará esta segunda reforma financiera del PP es estrangular aún más el crédito a pymes y autónomos, al pedir a las entidades más provisiones, y también hará que el Estado tenga que poner más ayudas públicas ya que los bancos no lograrán devolver el dinero a un interés del 10%. Por último, 'moverá la toxicidad, la porquería del ladrillo, de una alfombra', la de las entidades, 'a otra', la de las inmobiliarias malas, que el Ejecutivo aprobó el viernes. Cayo Lara, presidente del grupo, ha vuelto a reclamar la 'nacionalización buena'. Esto es, que si el Estado entra en el sector financiero, lo haga con todas las consecuencias: gestionándolo directamente y con participación en los beneficios futuros.  

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha defendido esta mañana en la reunión de la Junta de Portavoces que se incluyera en el pleno de esta semana la creación de una comisión de investigación sobre la crisis financiera, para depurar responsabilidades sobre el papel de los bancos en el hundimiento de la economía. La petición ya estaba calificada por la Mesa desde febrero, y desde entonces permanecía en barbecho. Para modificar el orden del día se requiere la unanimidad de los grupos. Y no la ha habido.

El PSOE y UPyD han apoyado la demanda de IU, pero el PP se ha opuesto y CiU, con su 'silencio cómplice', ha respaldado al Ejecutivo. 'Se han aprobado dos reestructuraciones bancarias que suponen destinar recursos públicos para salvar banqueros (unos fondos que se acercan al 11% del PIB) y pese a ello, el Gobierno se niega a que haya una comisión de investigación', ha lamentado Joan Coscubiela, de ICV. Tanto él como Cayo Lara han denunciado la 'poca voluntad de transparencia y el poco talante democrático' del Gobierno.