De nada han servido las promesas electorales de CiU ni los esfuerzos del Gobierno de Artur Mas para evitar el cierre de plantas productivas y atraer nuevas inversiones. En apenas dos años el número de parados en Catalunya ha aumentado en casi 200.000 personas según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que mide el número de desempleados sobre el total de la población activa.

En los dos años de gobierno de CiU (2010-2012), las cifras de desempleo en Catalunya no han dejado de crecer, pese a que el conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, se comprometió a reducir a la mitad el número de parados en un periodo de cuatro años, hasta 2014. 

En el tercer trimestre de 2010, la última EPA antes de las elecciones, que se celebraron en noviembre de ese año, señalaba que en Catalunya había 669.400 parados, con una tasa de paro del 17,41% (la tasa nacional estaba entonces en el 19,79%). Justo dos años después, la EPA del tercer trimestre de 2012 reflejaba que el total de desempleados alcanzaba los 840.400, el 22,56% de la población activa (la del conjunto del Estado era del 25,02%). Pese a que el Govern ha logrado mantener la tasa de paro de Catalunya por debajo de la media nacional, las cifras son dramáticas, pero más dramático aún es que un tercio de los parados catalanes  ya no cobra ni prestación ni subsidio.

La caída del empleo se ha incrementado en los últimos meses: sólo en el primer semestre de este 2012 el número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Catalunya doblaba a los del mismo periodo de 2011. Cerca de 39.000 empleados se vieron en ese periodo de 2012 inmersos en un expediente de suspensión, de reducción de jornada o de extinción, frente a los 18.809 de los primeros cinco meses de 2011, según los últimos datos del Observatorio del Empleo de la Generalitat.

El Govern de Mas ha aplicado medidas de austeridad que han llevado a miles de empleados públicos al paro

Parte de este incremento del desempleo tiene que ver con la administración catalana, que ha aplicado medidas de austeridad y de saneamiento de las finanzas públicas que han llevado a la no renovación de contratos de miles de interinos y personal laboral en ámbitos como la educación y la sanidad, además de plantear EREs en empresas públicas como el Incasòl.

En paralelo, la Generalitat ha puesto en marcha una política industrial que ha buscado mantener al máximo el tejido productivo, impulsar la actividad emprendedora y abrir Catalunya a nuevas inversiones de empresas, sobre todo de economías emergentes.

En este ámbito, el principal logro de la acción de gobierno de CiU será, probablemente, la atracción a Catalunya de la inversión inicial para ubicar en los terrenos adyacentes a Port Aventura, en Tarragona, unos de los proyectos turísticos y de ocio de mayor envergadura de Europa.

Tras perder ante Madrid la opción de albergar el proyecto Eurovegas, la Generalitat anunció después del verano el impulso de una iniciativa bautizada como Barcelona World, que debería estar listo a finales de 2016, antes que el que impulsa Las Vegas Sands.

Al desembarcar en la Generalitat, el gobierno de Artur Mas se encontró con varias crisis industriales abiertas que han podido reconducirse, aunque a costa de sacrificios de los trabajadores.

El caso más emblemático fue la amenaza de la multinacional Yamaha de cerrar su planta en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), en la que trabajan 370 personas y de la que depende también parte de la industria auxiliar del motor.

Tras una mediación en la que la Generalitat jugó un papel importante, la dirección y el comité firmaron el pasado febrero un acuerdo que permitía a la firma nipona abandonar sus actividades en Catalunya de manera ordenada, ya que se cerró el traspaso de la planta al grupo logístico Sesé.

Otra de las piedras en el zapato que se ha encontrado Mas era la delicada situación de la emblemática firma de motocicletas Derbi, que la multinacional italiana Piaggio quiere cerrar para llevarse la producción a su país.

Al desembarcar en la Generalitat,  Artur Mas se encontró con varias crisis industriales abiertas

Tras muchas reuniones infructuosas y una huelga indefinida de los trabajadores de la planta de Martorelles (Barcelona), comité y empresa llegaron a un principio de acuerdo en junio que garantiza a los trabajadores una indemnización de 45 días por año, con independencia del futuro de la fábrica, todavía en el aire.

En el terreno de las relaciones laborales, las plantas automovilísticas de Seat y Nissan han dado un paso adelante y han estrenado un nuevo modelo basado en una mayor flexibilidad y la renegociación permanente de las condiciones laborales y salariales.

En Nissan, el caso más evidente, los trabajadores aceptaron ajustes de sueldo y más flexibilidad en enero de 2011 a cambio de garantías de empleo para diez años, pero se han visto obligados a sentarse de nuevo a negociar ahora con una dirección que plantea nuevas medidas para aumentar la productividad.