Las autonomías dicen que es necesario esperar a conocer más detalles del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha dictaminado este jueves que 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.

La Generalitat de Catalunya se niega a pagar las indemnizaciones millonarias que puedan derivar de la sentencia del Tribunal de Justicia. Otras comunidades, como Madrid o Valencia, dicen querer esperar a saber más acerca del fallo.

Los jueces señalan que 'no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años'.

Ello significa que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, según las estimaciones de las propias autoridades españolas.

El consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, ha advertido este jueves de que el gobierno catalán no está dispuesto a asumir las posibles indemnizaciones tras la sentencia del Tribunal.

'No estamos en condiciones de sacar dinero a la sanidad para corregir errores de diseño que no hicimos nosotros', ha declarado a los periodistas en los pasillos del Parlament, ha recordado que fue el Gobierno central quien creó este gravamen en 2002, y ha confiado en que sea el Ministerio de Hacienda el que lidere la reacción a la sentencia.

A pesar de todo, ha precisado que todavía se desconoce el coste derivado de la sentencia y es necesario esperar.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, ha dicho hoy que hay que esperar a conocer con detalle el fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre el céntimo sanitario para saber qué cuantía hay que devolver, cómo y a quién.

'Acabamos de conocer ese fallo. Habrá que leer la sentencia, el alcance del fallo, pero no tiene un alcance presente puesto que ya hace dos años que se modificó por parte del Estado la normativa en esta materia', ha afirmado el consejero madrileño.

Madrid y Valencia dicen que hay que esperar a conocer con detalle el fallo del Tribunal de Justicia Victoria ha insistido en que primero habrá que analizar si parte de la cuantía abonada ha prescrito ya, y sobre el resto, habrá que estudiar cómo habrá que reintegrarlo a los contribuyentes que lo hayan pagado 'y que lo reclamen'. 'Es prematuro poder determinar el alcance que pueda tener en el caso de las haciendas autonómicas', ha repetido, y que ha recordado que la Comunidad de Madrid acordó el 1 de enero devolver ese recargo a los transportistas profesionales.

En la Generalitat Valenciana, la Consejería de Hacienda y Administración Pública considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que declara ilegal el 'céntimo sanitario' y obliga a devolver el dinero recaudado con esta figura 'no debe suponer ningún impacto negativo para las comunidades autónomas' porque 'es un impuesto estatal' y, por tanto, 'el Estado es el legislador y al que le corresponde solventar las consecuencias'.

La cantidad recaudada por la Generalitat Valenciana es de más de 1.359 millones de euros entre 2003 y 2012 por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas sobre determinados Hidrocarburos, según citan fuentes de este departamento.

Desde Hacienda indican que 'hay que esperar a la sentencia y ver los planteamientos', así como 'ver lo que ha prescrito, lo que no y, en todo caso, a quién se le podría devolver'.

En Cantabria, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional asegura que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegal el llamado 'céntimo sanitario' 'no afecta a Cantabria', puesto que este impuesto se implantó en la región en 2012 y los efectos de la sentencia llegan 'hasta 2011'.

Fuentes de la Consejería de Hacienda consultadas por Europa Press han recordado que el 'céntimo sanitario' entró en vigor en Cantabria el 1 de junio de 2012, y el 1 de enero de 2013 'dejó de ser el tramo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos para pasar a ser parte del impuesto especial de hidrocarburos', con lo que Cantabria se adaptó a las recomendaciones de la Unión Europea.

Según los datos del departamento que dirige Cristina Mazas, el Gobierno de Cantabria ingresó por el 'céntimo sanitario' 11 millones de euros en 2012 en los siete meses que estuvo en vigor en ese ejercicio.

La liquidación de 2013 aún no está cerrada pero las estimaciones de Hacienda apuntan a unos 20 millones de euros de ingresos por esta figura impositiva que el Gobierno de Cantabria implantó a través del plan de ajustes de 2012 con su valor máximo, 4,8 céntimos de euros por litro, y que desde enero de 2014 se ha rebajado a la mitad (2,4 céntimos/litro) en el marco de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno regional.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, ha considerado este jueves que la Comunidad es 'posiblemente la menos afectada' en España por la sentencia del Tribunal de Justicia, debido a que 'sólo se aplicó durante diez meses'.

El Gobierno de Extremadura ha anunciado que suprimirá el 'céntimo sanitario' de 'manera progresiva' con el objetivo de que esta modificación 'no suponga una merma de ingresos en las arcas públicas'.

Para ello, el Ejecutivo extremeño presentará en el Parlamento regional un calendario para su supresión, con lo que de esta forma 'cumple su programa de Gobierno y continúa avanzando en la reducción de impuestos en Extremadura', según señala en nota de prensa.

El Ejecutivo extremeño culpa de esta situación al anterior Gobierno, presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara, e incluso indica que el 28 de octubre de 2010, fecha en que se debatió en la Asamblea regional el tramo autonómico del céntimo sanitario, el presidente José Antonio Monago -entonces líder de la oposición- advirtió junto a su actual vicepresidenta, Cristina Teniente, de su posible ilegalidad.

Señaló, según dice la Junta en la nota, que incluso el Consejo Consultivo indicó que no era compatible con la norma comunitaria, cuestión que el Gobierno regional anterior 'negó rotundamente', según el Gobierno regional.