Hubo seis muertos, cinco portugueses y un gallego, al derrumbarse un viaducto en obras. Fue el mayor accidente laboral de la historia reciente de Andalucía y sucedió hacia las 15.30 horas del 7 de noviembre de 2005 en Almuñécar (Granada). Ayer se cumplieron dos años del siniestro. La obra, en la autovía del mediterráneo, sigue parada y el juez instructor del caso aún no sabe con toda certeza qué ocurrió tras dos años de pesquisas.  

¿Cómo pudo una imponente estructura metálica (llamada autocimbra), un mecano de 130 metros de largo por 13,5 de ancho y 7,5 de alto, derrumbarse desde más de 60 metros de altura, llevándose consigo a siete trabajadores, de los que uno, milagrosamente, salvó la vida? El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar, Raúl Muñoz, tras una ardua investigación, que aún sigue abierta, ha concluido “de forma provisional e indiciaria” que el siniestro se produjo por “el aflojamiento y posterior rotura o pérdida del tornillo” que provocó la rotura de unas soldaduras, “sobre las que no consta control o revisión alguna”, lo que a su vez causó “el colapso de la cimbra y la muerte de los trabajadores” que estaban sobre la misma. Eran Eduardo Ayaso, Joaquim Mateus, Francisco Silva, Murcio Adriano, Paulo Machado y Antonio Alves.

Tras esta conclusión y tras recibir un informe del inspector de trabajo Ángel Martín-Lagos Contreras, en el que se establecía que el obligatorio estudio de seguridad y salud era insuficiente, el juez tomó el mes pasado declaración como imputados a dos cargos del Ministerio de Fomento, promotor de la obra y a ocho de las constructoras implicadas. Sus declaraciones no arrojaron luz alguna sobre el asunto y, según los responsables de UGT y CCOO, sindicatos personados en la causa, “echaron balones fuera y se acusaron entre ellos”. El Código Penal establece en sus artículos 316 y 317 que basta para una condena de hasta tres años de cárcel la existencia del riesgo para los trabajadores. No existe necesidad de que se produzca el accidente. A estos artículos se agarró el juez en su auto para imputar a los responsables.

Salvó la ley de subcontratas

Fomento adjudicó la obra por 157 millones cuando el cálculo inicial era de 181 millones a la UTE (Unión Temporal de Empresas) La Herradura, formada por Ploder, Azvi y Construcciones Subterráneas, quien a su vez subcontrató con Estructuras y Montajes de Prefabricados, propietaria de la autocimbra. Para esta compañía trabajaba Eduardo Ayaso. Y esta subcontrató a su vez con la portuguesa Douro Montemuro, para la que trabajaban los otros cinco muertos. La cadena de subcontratación en este caso hizo saltar las alarmas hace dos años y logró que el Congreso de los Diputados aprobase la ley de las subcontratas en el sector de la construcción, que las limita a tres salvo casos extraordinarios. La norma, propuesta por IU y reivindicación histórica de los sindicatos, había sido postergada una veintena de veces por PP y PSOE.

La obra –en la autovía del mediterráneo, una infraestructura estratégica– sigue sin avanzar. Los trabajos en el tramo (muy complicado: consta de tres túneles y cuatro viaductos), de 9,12 kilómetros, comenzaron en octubre de 2002 y estaba previsto que concluyeran hace un mes.

'Las muertes tienen que servir para algo'

“Las muertes de los compañeros tienen que servir para algo. Este tema es muy importante y si no se resuelve en condiciones estaremos en la antesala de otro accidente”. Son palabras de Rafael Roldán, secretario en Granada de CCOO, que ayer estuvo junto a los dirigentes de UGT a los pies del viaducto siniestrado. Colocaron una placa en homenaje a los ocho muertos en la construcción de la A-7 (seis en este accidente y otros dos en otros dos). Ambos sindicatos creen que la instrucción del caso debe cerrarse ya. Sin embargo, discrepan en un punto. Mientras UGT considera que hay suficientes indicios para abrir juicio oral, CCOO cree que con lo que hay el caso se puede cerrar en falso. De ahí las palabras de Roldán. Francisco Ruiz Ruano, de UGT, aseguró ayer que su central considera que debe irse ya a juicio por tres razones. La primera: saber qué ocurrió. La segunda: hablar y plantear qué medidas se deben tomar para que no vuelva a suceder. Y la tercera: depurar responsabilidades si procede. Sin embargo, Roldán teme que se quede en agua de borrajas. “Si seguimos por estos derroteros, probablemente se archive. Estamos viendo la posibilidad de presentar nuestro informe”. Al acto también asistieron responsables del Ministerio de Fomento y la concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Almuñécar, Eva Gaitán, que confió en que se cumpla con el compromiso de reiniciar los trabajos en el viaducto antes de las elecciones generales del próximo 9 de marzo. El parón en las obras a consecuencia del accidente causó, según UGT y CCOO, la pérdida de 70 puestos de trabajo.