Al menos 28 mujeres han sido citadas a declarar en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid como testigos en la investigación que se está llevando a cabo por una denuncia de presuntas irregularidades en los abortos que practica la clínica Isadora de Madrid.

El jueves, según explicó la portavoz del centro, Marisa Castro, una pareja de agentes de la Guardia Civil se personó en casa de una de ellas para entregarle en mano la notificación judicial de que debía comparecer ante el juez José Sierra Fernández ayer por la tarde.

Como el resto de las citadas, esta mujer, que hace un año decidió abortar, “tendrá que revivir una experiencia que no es grata para ninguna mujer”, explicó Castro, quien se mostró indignada, “porque este escenario no es de recibo”. Las mujeres que abortaron serán las primeras en declarar.

“Nosotros nunca hemos realizado intervenciones al margen de la ley. Esto forma parte de una estrategia con muchos músicos, y algunos se manifestaron hace unos días en la plaza de Colón”, insistió Castro.
La investigación, que está bajo secreto de sumario, según indican en la clínica Isadora, arranca por la denuncia, en junio de 2006, de la plataforma ultracatólica La Vida Importa contra varias clínicas madrileñas, entre ellas Isadora. “Era una práctica tirar residuos desechables de los quirófanos con restos humanos fácilmente identificables”, justificó ayer el portavoz de la plataforma, Juan Sánchez Galera.

La Guardia Civil se hizo cargo del caso y presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, que en febrero de 2007 decidió archivarlo porque estimó que no había sospecha de que se hubiera cometido un delito.

Reapertura del caso
Semanas más tarde, la Guardia Civil volvió a presentar una denuncia, que esta vez acabó en el Juzgado de Instrucción número 47. El juez reabrió el caso y encargó un peritaje anatómico forense de los restos abortivos, cuyas fotografías publicaron diversos medios de comunicación. Entre ellos había fetos. Según fuentes de la clínica Isadora, el informe anatómico forense dictaminó que éstos no superaban las 22 semanas de gestación, el límite que marca la ley para los casos de malformación del feto y para los que está autorizada la clínica.

Casi un año más tarde, el juez ha decidido llamar a declarar a las mujeres que hace un año, cuando se encontraron los restos, abortaron en la clínica Isadora. Si en algo coincidieron denunciados y acusadores, pese a defender posturas totalmente opuestas, es que las mujeres son las víctimas. “Quien tiene la culpa es la Comunidad de Madrid, porque no ha actuado como debía y las clínicas, por lucrarse”, criticó el portavoz de la plataforma La Vida Importa.

Por otra parte, la justicia holandesa ha abierto una causa contra una joven que abortó en una de las clínicas del doctor Carlos Morín en Barcelona. Seis de los detenidos por la supuesta trama de abortos ilegales declararon ayer ante una comisión de la justicia holandesa desplazada a la capital catalana. Esta causa es independiente de la abierta contra los centros de Morín, que fueron registrados en el mes de noviembre. La mujer habría abortado en España en un estado de gestación de más de 24 semanas, que es el límite que establece la legislación de los Países Bajos.

Una semana sin abortos
La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) finaliza hoy la semana de protesta con cierre de quirófanos. Pero la treintena de clínicas de la asociación no descarta más movilizaciones. Reclaman una ley de plazos, que establezca claramente los casos de aborto legal. La ley que entró en vigor hace 22 años no fija límite temporal para abortar si existe riesgo de salud física o mental para la madre.

Las clínicas se reunirán el día 21 para evaluar la situación. “No vamos a quedarnos quietos”, amenazó Marisa Castro, que recalca que si las clínicas cerraran los quirófanos, habría un “problema de salud pública”. Los centros privados realizan casi el 98% de los abortos en España.