Publicado: 28.11.2014 13:02 |Actualizado: 28.11.2014 13:02

El año en negro de Canal Nou

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Se cumple el primer año del fundido a negro de las emisiones de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), lo que la convirtió en la primera y de momento única televisión pública de España en cerrar, y dejó a la Comunidad Valenciana como la única autonomía con lengua propia sin televisión.

La encrucijada judicial del cierre continúa en el aire, puesto que todavía quedan pendientes distintos flecos, entre ellos, los recursos interpuestos por el PSOE y extrabajadores ante el Tribunal Constitucional (TC) y el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Audiencia Nacional.

La decisión del Consell de liquidar y extinguir la sociedad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declarara nulo el ERE que había llevado a cabo en la cadena, fue calificada por extrabajadores de "antiestatutaria", "arbitraria", "ineficiente" y "contraria al interés general", y la recurrieron ante el TC alegando vulneración de los derechos fundamentales.

Su recurso se fundamentaba en que la administración autonómica, con la decisión de supresión del servicio público de radio y televisión públicas valencianas, había lesionado desproporcionalmente y de forma arbitraria los derechos de los trabajadores de RTVV como el principio de igualdad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Por ello, reclamaban la nulidad del acuerdo autorizado por las Corts y que se reestableciera a los recurrentes "en la integridad del principio de igualdad de trato".

Los extrabajadores piden al TC que desarrolle nuevos criterios para garantizar sus derechos

Estos demandantes consideran que es de "trascendental importancia" que el TC se pronuncie desarrollando nuevos criterios constitucionales "que garanticen el respeto de los derechos fundamentales", según señalaron en su momento los recurrentes.

Los 1.600 trabajadores, la misma madrugada del cierre, el 29 de noviembre de 2014, pasaron a situación de permiso retribuido, y así permanecieron hasta mayo, cuando recibieron los burofaxes de despido tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y cinco de los seis sindicatos del comité de empresa para el ERE de extinción. En la actualidad, acuden a diario unos 80 trabajadores al Centro de Producción y Programas de Burjassot, donde se custodia el archivo audiovisual a la espera de decidir su ubicación final, que si no se vende podría ser ese edificio, valorado en 32 millones de euros.

El desmantelamiento de las instalaciones ha comenzado por las delegaciones de Madrid y de Castellón, y la radio de Valencia, y la red de repetidores sigue activa para los servicios de emergencias y dos cadenas privadas de televisión, por lo que la señal de RTVV no está cortada, sino que emite en negro.

El Gobierno valenciano se ha encontrado también con dificultades para liquidar el antiguo ente RTVV (al que en 2013 sustituyó la nueva sociedad RTVV SAU), debido a que los bancos alemanes no han dado su consentimiento a que la Generalitat se subrogue la deuda existente.

Por su parte, diputados y senadores del PSOE también recurrieron este cierre de RTVV ante el mismo órgano, el TC, al considerar que la ley de las Corts que suprimió el servicio público de la sociedad extinguida vulneraba el principio de seguridad jurídica y suponía un "atropello" de los derechos fundamentales.

EL PSOE se compromete a reabrir RTVV si gana las autonómicas

En concreto, los socialistas alegaban que el cierre de RTVV se hizo a través de una proposición de ley del Parlamento valenciano tramitada como proyecto de urgencia, lo que, a su entender, suponía una forma "claramente extravagante" de tramitar la ley de cierre del medio de comunicación valenciano al vulnerar el principio de seguridad jurídica y la participación necesaria de los representantes de los ciudadanos en los asuntos públicos.

El PSOE ya había presentado previamente, en noviembre de 2013, otro recurso ante el alto tribunal contra el Decreto Ley 5/2013, por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de RTVV para permitir el nombramiento de nuevos consejeros sin pasar por las Cortes y el cierre de la sociedad pública.

Respecto al futuro, la oposición ha sostenido que si gobierna tras las elecciones autonómicas de 2015 reabrirá la radiotelevisión e incluso ha puesto una fecha: el próximo 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, 26 años después de la puesta en marcha de la primera RTVV.

En paralelo, siguen sin fructificar las negociaciones entre la Generalitat y RTVE para ampliar las desconexiones en la Comunidad Valenciana, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha licitado por 3,2 millones de euros una televisión provincial que pretende emitir desde enero para que los ciudadanos accedan a la información y cultura "más próxima". Asimismo, están pendientes también los pleitos entre RTVV y otros proveedores a los que se les dejó de abonar determinados servicios.

Junto a ello, otro fleco pendiente es el abierto en un juzgado de Paterna contra cinco exresponsables de RTVV: el exdirectivo de Ràdio 9 Lluís Motes; el exdirectivo de la sociedad Luis Redondo; Nuria Romeral —exdirectora de Ràdio 9—; la exdirectora de Televisión Valenciana (TVV), exconsellera y exsecretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson; y el exdirector general de RTVV José López Jaraba, a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras.

A este órgano judicial se ha sumado recientemente la denuncia que también interpuso CCOO en julio de este año contra los que fueron directores generales de RTVV y el Consell desde el año 2000 y los integrantes del Consejo de Liquidación de la extinta sociedad pública. El sindicato les acusaba de 10 delitos en la gestión del ente: malversación de caudales, administración fraudulenta, prevaricación, tráfico de influencias, defraudación, falsedad contable y delitos contra los derechos de los trabajadores.

CCOO presentó esta denuncia ante Fiscalía del TSJCV, que a su vez remitió a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El fiscal, tras estudiarla, decidió inhibirse a favor del juzgado de Paterna, puesto que estimaba que se trataban de delitos coincidentes que se debían investigar conjuntamente.

Expertos juristas han explicado que si el TC admite los recursos y dictamina que la ley del Consell es inconstitucional, la consecuencia directa es que se anularía la misma y, por tanto, también el cierre de RTVV. "Si la ley se anula, es como si no existiera y, por tanto, tendríamos que retrotraernos hasta su situación anterior", señalan.

El cierre de RTVV pudo costar hasta 200 millones de euros

En este sentido, el abogado de CGT, Jacinto Morano, parte en el proceso, ha explicado que si el Constitucional declarase nula la ley del Consell, se regresaría a la situación anterior, en la que existía RTVV, con lo que las operaciones de liquidación de la sociedad serían nulas y deberían ser revertidas. Así mismo, los trabajadores despedidos regresarían a sus puestos de trabajo.

En general, especialistas consultados han indicado que existen pocas posibilidades de que el TC llegue a tumbar la ley valenciana, aunque no se puede aventurar porque el mundo del derecho "es muy complicado", asegura el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València (UV), Andrés Boix. Este experto también considera que las razones expuestas en los recursos son "poco potentes" jurídicamente. Otros especialistas consultados han señalado también que aunque el TC admitiera los recursos, esto no obligaría a reabrir directamente RTVV, pero sí tendría consecuencias directas sobre los despidos de exempleados.

El coste del cierre de RTVV ha sido cifrado por el Gobierno valenciano en 144,1 millones de euros, cantidad elevada hasta los 200 millones por la oposición, que critica que los Presupuestos de la Generalitat para 2015 dediquen 90 millones a una televisión cerrada.

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se reitera en que tenía que cerrar RTVV porque no había otra alternativa al coste que suponía readmitir un millar de trabajadores tras la sentencia que anuló el ERE anterior, pero este mes ha anunciado que estaría dispuesto a hablar de una nueva RTVV "cuando la economía lo permita".