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Botella dice ahora que ofrecerá la compra de los edificios de viviendas sociales a sus inquilinos

El Ayuntamiento, no obstante, se ha negado a garantizar la continuidad de los vecinos que no puedan afrontar la compra de su vivienda e insiste en que su voluntad es la de vender los cinco inmuebles por culpa de “la crisis” y de la “h

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El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá a los vecinos de los cinco edificios de viviendas sociales, que hasta ahora quería desalojar, comprar las viviendas en las que residen desde hace más de 20 años en régimen de alquiler social. Así, al menos, lo ha anunciado este miércoles Ana Botella en el pleno municipal, donde ha asegurado que ha dado orden a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para que ofrezca “en primera instancia” la compra de las viviendas a los inquilinos. Minutos después, no obstante, la delegada de Urbanismo, Paz González, se ha negado a garantizar la continuidad en sus viviendas de los vecinos que no pueden afrontar la compra de sus casas.

Nuestra intención de vender sigue vigente pero le he pedido a la delegada de urbanismo que continúe adelante con la venta y proceda a ofrecer estas viviendas a sus actuales inquilinos para que las ocupen en propiedad si así lo desean”, ha afirmado Ana Botella, en respuesta a una pregunta de Ángel Pérez, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, sobre la política de viviendas sociales del Consistorio madrileño.

El anuncio de Ana Botella ha sorprendido a vecinos y partidos de la oposición, que no esperaban este pequeño paso atrás del Consistorio. Más si cabe ante la falta de detalles y explicaciones dadas por el Consistorio, que no ha especificado en qué condiciones se ofrecerá la compra a los vecinos o si la compra de las viviendas debe hacerse de manera unilateral por cada vecino o de manera global por cada inmueble. 

'Es novedoso e incoherente', ha señalado una abogada de los vecinos“Esto es completamente novedoso e incoherente con todo lo que ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento y la EMVS. Le vamos a pedir que especifique en qué consiste esta opción de compra de la que habla”, ha señalado a Público, Eva María Navarrete, abogada de los vecinos. 

Esta nueva decisión de Ana Botella llega 14 días después de que Renta Corporación, empresa en la que Ignacio López del Hierro (el marido de Cospedal) es consejero, desestimara la opción de compra que había suscrito con el Ayuntamiento de Madrid. Una vez frustrada esta posibilidad de vender los cinco inmuebles en bloque por 21 millones de euros y ante la resistencia de los vecinos, que se han negado a abandonar sus casas pese a las notificaciones de la EMVS, el Ayuntamiento ha optado por ofrecer la compra a sus inquilinos. 

La venta de los edificios se ha mostrado como una necesidad imperiosa para el Ayuntamiento por parte de la delegada de Urbanismo, Paz González, quien ha asegurado que la EMVS se está viendo obligada a tomar estas decisiones debido a la 'crisis' que atraviesa el país y a la 'herencia recibida' por su partido. Asimismo, ha rechaza vehementemente que la venta tenga un afán 'especultativo'. La oposición, por su parte, le ha recordado que la herencia del Ayuntamiento de Madrid es la de Ruiz-Gallardón y que el objetivo de la EMVS debe ser de carácter social y no económico.

Los vecinos han recibidido la noticia con 'mucha cautela' La vía de actuación elegida por el Ayuntamiento, no obstante, no es más que la vía legal obligatoria que ignoró cuando acordó la venta de los inmuebles con la empresa Renta Corporación. Según la legislación vigente, la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid están obligados a ofrecer derecho preferente de compra de la vivienda a los inquilinos cuando el inmueble deja de estar protegido y antes de venderlo a un tercero. De hecho, varios inquilinos han tratado de comprar su vivienda social durante los últimos años, pero sus peticiones han sido ignoradas por la Administración. Los representantes legales de los vecinos defienden que incluso en el caso de que la vivienda sea vendida a un tercero, este deberá respetar el contrato de alquiler social de los actuales inquilinos.

La duda queda ahora sobre la capacidad de los vecinos de hacer frente a la compra de las viviendas y sobre el futuro de aquellas familias que no puedan efectuar dicha transacción. No hay que olvidar que los actuales inquilinos son familias en riesgo de exclusión social y que en el  55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.

Salvador, portavoz de los vecinos afectados, ha recibido el anuncio de Botella con “mucha cautela” y se ha mostrado dubitativo sobre las verdaderas intenciones del Ayuntamiento. La duda ahora para los vecinos es si el Ayuntamiento quiere ofrecer la compra en bloque de los edificios o lo hará de manera individual. Asimismo, Salvador ha mostrado a Público su preocupación por el futuro de las familias que no puedan hacer frente a la compra de la vivienda.

La intención del Ayuntamiento, por lo que se desprende de las palabras de la responsable de Urbanismo, es realojar a los vecinos que no puedan comprar la vivienda en otros edificios de la EMVS con un nuevo contrato que se ajustaría a la legislación actual, que establece una duración máxima de cinco años.

Los representantes legales de los vecinos, no obstante, señalan que el Ayuntamiento no tiene potestad jurídica para quebrar los actuales contratos de manera unilateral ni obligar a ningún vecino a abandonar su casa, incluso en el caso de que vaya a ser realojado en otro edificio de la EMVS.