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Canarias se rebela contra el decreto que obligará a parados a luchar contra el fuego

La consejera de Empleo asegura que esta norma no se aplicará en la comunidad hasta que el Ejecutivo central no aclare cómo se desarrollará la medida

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Canarias, una de las comunidades más afectadas por los fuegos que han tenido lugar este verano, no aplicará el decreto por el que el Gobierno pretende que desempleados trabajen en la reparación de daños tras los incendios. Así lo ha anunciado este lunes a través de un comunicado la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, que ha asegurado que esta norma no se aplicará en ese territorio hasta que no se aclaren y desarrollen las medidas.

A su juicio, este decreto tiene un evidente carácter sancionador. 'Castiga a los desempleados por su condición y recuerda la doctrina de la remisión de penas', ha precisado. En esta línea, la consejera regional de Empleo indica que 'el Gobierno de Rajoy insiste en considerar a los desempleados como culpables de su situación de paro, despilfarradores de prestaciones y gasto público, castigándoles a realizar trabajos forzosos en compensación por las prestaciones que reciben'.

'El Gobierno de Canarias desea hacer hincapié en que las prestaciones y subsidios que se abonan a los desempleados son resultado de sus cotizaciones mientras han estado trabajando. No es un acto de beneficencia, es un derecho subjetivo que emana de las leyes reguladoras del sistema de Seguridad Social', ha recordado Ramos.

En segundo lugar, la consejera de Empleo plantea que 'estas políticas contribuyen a contraer las expectativas de creación de empleo, por lo que vienen a enfrentar los intereses de quienes buscan empleo y quienes perciben prestaciones'. 'Las posibilidades de generar empleo con planes y programas para recuperar la masa forestal, limpiar escombros de los montes, reparar viviendas y senderos afectados colisiona con esta medida que parece encaminada a evitar la creación de nuevos puestos de trabajo', ha expuesto.

En tercer lugar, Margarita Ramos argumenta que estas medidas anunciadas no incorporan regulación alguna sobre las condiciones de trabajo de los desempleados que realicen labores de colaboración social. En su opinión, se necesita ordenación jurídica sobre la jornada de trabajo, los períodos de descanso, medidas de seguridad, prevención de riesgos laborales y aseguramiento sobre accidentes de trabajo.

'¿Quién se hace responsable del cumplimiento de deberes sobre seguridad y salud de estos desempleados?, ¿quién asume la responsabilidad de accidentes de trabajo?', se ha preguntado Ramos, que ha advertido también de que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) exige la protección de todos los trabajadores, sean de la nacionalidad que sean y del grado de cualificación de que se trate, en materia de accidentes de trabajo y para ello exige contrato de trabajo.

'Es lo que niega el Gobierno de Rajoy a estas personas, un contrato de trabajo para prestar trabajo de forma libre y asalariada, exigiendo a cambio prestaciones de Seguridad Social contraprestaciones de trabajo obligado', ha indicado.

La consejera también ha anunciado que el Gobierno canario pedirá al Ministerio de Empleo que se establezca un régimen que aclare la existencia o no de relación de trabajo, la responsabilidad en materia de seguridad y salud de los desempleados, la responsabilidad por accidentes de trabajo y, sobre todo, la garantía de que las personas desempleadas involucradas en una iniciativa como la que se ha presentado reúnen las capacidades, aptitudes y formación profesional adecuada.