El colegio concertado Torrevilano, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, impidió el miércoles la entrada a un niño de ocho años que vive en el poblado chabolista de El Gallinero por no llevar el uniforme. El niño, de origen rumano, pasó toda la mañana en la secretaría del centro. Hoy, ha vuelto al colegio sin el uniforme y, según la abogada de los habitantes del poblado, Patricia Fernández, le han dejado entrar en clase. El colegio ha declinado atender a Público.

El caso de este niño no es aislado. Otros dos alumnos de 8 y 10 años tampoco acudieron a clase el miércoles porque no tenían el calzado obligatorio que se requiere con el uniforme, según cuenta el párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza. Estos menores ya habían sido apercibidos en dos ocasiones de que el calzado que complementa al uniforme era obligatorio. Antes de ser avisados una tercera ver, uno de ellos hoy no ha ido al colegio.

Las familias de estos alumnos viven en las infraviviendas del poblado de El Gallinero, el más pobre de Madrid. Están escolarizados en este centro concertado del OPUS porque en la zona no hay suficientes escuelas públicas y la Comisión Escolarizadora se encarga de repartirles por los colegios del barrio.  Por ello, los voluntarios de la parroquia critican la falta de sensibilidad del centro, que no ha tenido en cuenta la situación de emergencia social y económica del entorno familiar de estos alumnos. El niño que no tiene uniforme vive en una infravivienda de la zona con su madre y otros ocho hermanos. En este centro de Vallecas están escolarizados 10 niños de El Gallinero y otros 60 de la Cañada Real.

"Si no les quieren, que les retiren el concierto que reciben para dar clase a estos niños", critica IU

Baeza recuerda que estos menores tienen una "situación especial". Por ejemplo, muchas veces tienen que transitar por zonas embarradas (El Gallinero se convierte en un lodazal cada vez que llueve) y las familias no disponen de medios para lavar la ropa todos los días. "Además, el uniforme cuesta 125 euros", denuncia el párroco. Baeza cuenta además que la dirección del centro ha avisado a las familias de estos niños de que si no pagan la cuota del comedor el próximo 1 de noviembre (80 euros mensuales), les recortarán el horario lectivo para que puedan ir a comer a casa. "Además, cuando organizan una excursión les mandan a casa porque saben que no la podrán pagar", denuncia.

La diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Lali Vaquero, critica la discriminación que ejercen estos centros sobre los alumnos con dificultades económicas. "Si no les quieren, que renuncien al concierto", afirma la parlamentaria, que explica que estos colegios "tienen una vocación elitista" y los alumnos que viven en El Gallinero "les estropean la imagen". "Deberían poder ir a la escuela pública, pero con tanto recorte no hay recursos suficientes para atenderles", critica. Vaquero, que ha acudido esta mañana al colegio Torrevilano para pedir explicaciones a la dirección del centro, asegura que esta escuela, como todas los que nacieron a raíz de la privatización de la Educación en la Comunidad de Madrid, da "regalos fiscales" a las familias porque desgravan las actividades extraescolares de inglés, las estancias en el extranjeros y los gastos de uniforme. "Las desgravaciones alcanzan los 900 euros por niño en familias que ingresan 30.000 euros por cada miembro de la unidad familiar", asegura.

La Consejería de Educación interviene para resolver el caso

La Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar, tuvo noticia del caso el mismo miércoles por la mañana, y aseguró que hablaría inmediatamente con el centro para que dejasen al alumno asistir a clase. Esta mediación, según la abogada de los habitantes del poblado, ha sido vital para resolver el caso. La familia del primer niño ha presentado un requerimiento "para que cese la vulneración de los derechos fundamentales" del menor.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) atribuye a los consejos escolares las normas de funcionamiento interno de los centros, donde se incluyen, entre otros aspectos, la vestimenta para acudir al centro. Sin embargo, Educación, ha intervenido debido a la situación de las familias.