Francisco Camps encargó su defensa a un penalista, Javier Boix, ducho en la defensa de políticos corruptos. Se ocupó del ya condenado exconseller del PP Luis Fernando Cartagena. También se encarga de la defensa de Carlos Fabra, el presidente del PP de Castellón, famoso por su imputación desde hace nueve años por varios delitos contra la Administración.

En el juicio, Boix se ha encontrado con un alud de documentos incriminatorios y con varios empleados de las tiendas que testificaron con claridad que la trama pagó los trajes de su cliente. Sólo negaron esta tesis los dirigentes de la trama Gürtel, pero su escasa credibilidad reconocer que hicieron los regalos equivaldría a autoinculparse de soborno hizo que Boix no utilizara sus testimonios como una línea de defensa.

El letrado optó por otras vías para sostener la inocencia de su cliente. Consciente de que ante sí tenía un jurado popular y no un juez profesional, se propuso transmitirles una sensación principal: la de que Camps es un hombre honrado y perseguido, que ha sufrido un 'suplicio' porque se ha encontrado en el centro de dos conspiraciones distintas.

La primera tiene como protagonista a José Tomás, popularmente conocido como el 'sastre de Camps'. Es el testigo principal porque atendía directamente al político y declaró que este no pagó 'jamás' un solo traje. El letrado aseguró que tiene una 'animadversión' hacia el expresident. El origen de este odio sería un conflicto laboral de Tomás con su jefe que le habría llevado a predisponer a todos los empleados de las tiendas para que testificaran en contra de Camps.

La otra conspiración insinuada por Boix tiene como objeto a la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusó de un exagerado 'esmero acusatorio'. Afirmó que 'en cualquier otro caso' habrían pedido el archivo. Y que no investigaron el patrimonio de Camps porque 'sabían que darían en hueso'.

Boix pretendió conectar así con las acusaciones del PP, que desde hace casi tres años intenta proteger a sus altos cargos imputados con el argumento de que la Justicia los investigó siguiendo el dictado del anterior Gobierno socialista. Las fiscales, por su parte, pidieron al jurado que aplicaran el sentido común: '¿Es posible que todo esto sea una conspiración en la que han participado varios jueces, fiscales, policías, interventores del Estado y personas que trabajaron en varias tiendas?'. 'Es que eso no resiste el más mínimo dintel de inteligencia', opinó el abogado de la acusación popular.