La probable suspensión de Baltasar Garzón por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo podría afectar al desarrollo de numerosas causas que el juez tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5.  Entre ellas, las abiertas contra el entorno de ETA, como la operación 'Bateragune', la investigación penal al PCTV y ANV, o el entramado de extorsión de la banda.

Además de los casos contra el entramado y la financiación de la banda terrorista, Garzón investiga asuntos de gran calado como el denominado 'caso Faisán', la mafia rusa radicada en España, una red de corrupción en Catalunya -'Caso Pretoria'- y otros asuntos como el genocidio en el Sahara y las torturas en Guantánamo. Todos estos casos podrían verse afectados.

El juez Luciano Varela ha transformado hoy las diligencias abiertas contra el juez en un procedimiento abreviado por lo que probablemente se le suspenderá cautelarmente, por las querellas de las tres asociaciones ultras que acusan de prevaricación al juez.

Si Garzón es suspendido, y hasta que el Consejo General del Poder Judicial nombre otro magistrado para su juzgado, lo más probable es que los casos pasen a ser llevados por su compañero Santiago Pedraz, que es su sustituto natural en periodos vacacionales.

En cuanto a causas económicas, Garzón lleva instruyendo desde mayo de 2006 la estafa de Fórum Filatélico en la que mantiene a más de una veintena de imputados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.

Asimismo, dentro del 'caso Fórum' el juez mantiene abierta una pieza separada en la que investiga la posible conexión de los ex directivos de la filatélica con la operación marbellí 'Ballena Blanca', germen del 'caso Malaya', donde se investiga un presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la Costa del Sol.

Además, Garzón tramita una querella contra el fundador y ex presidente Astroc, Enrique Bañuelos, por presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas por maquillar las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como la auditoría de la correspondiente a dicho ejercicio, con la intención de mantener el valor bursátil de la inmobiliaria.

El pasado 10 de febrero, Garzón comunicó al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y a otros ocho dirigentes de la izquierda abertzale su procesamiento en la causa en la que investiga el proyecto 'Bateragune' , con el que el entorno de ETA pretendía crear 'un referente político' que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

Otegi también es investigado por Garzón en la denominada causa de las 'herrikos', dentro de la causa que investiga la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA y su financiación a través de las denominadas 'herriko tabernas'. Además, Garzón mantiene abierta otra instrucción contra responsables de las formaciones políticas PCTV y ANV.

Otro de los asuntos  que tramita actualmente Garzón es la investigación autores de un presunto 'chivatazo' policial realizado en 2006 a personas que estaban siendo investigadas por conformar el aparato de extorsión de la banda. Por otro lado, Garzón sigue indagando la extorsión terrorista a empresarios vascos.

En el campo de la justicia universal, de la que Garzón ha sido siempre uno de sus máximos defensores, su juzgado todavía investiga dos causas. Una de ellas es la que abrió en octubre de 2007 para investigar crímenes cometidos en el Sáhara Occidental y en la que están imputados 13 altos cargos y funcionarios del régimen alauí por un presunto delito de genocidio y el asesinato, las torturas y las lesiones que habrían sufrido un total de 32 personas.

Finalmente, entre las causas destacadas de Garzón se encuentra la dirigida contra la familia de Augusto Pinochet. El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional solicitó el pago de una fianza solidaria de 77.348.374 dólares (51.441.746 euros) a la viuda del ex dictador chileno, Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen.