José Luis Peñas, el ex concejal del PP en Majadahonda que destapó el caso Gürtel, ya había revelado a finales de 2004 cómo se fraguaban los pelotazos urbanísticos en Majadahonda. En las 13 páginas de su dossier, el entonces edil del PP desgranaba lo que considera una 'trama urbanística fraudulenta'. En la convicción de que esa trama existía, el PSOE acudió a los tribunales, pero su denuncia fue finalmente archivada.

Según Peñas, los organizadores de esa trama eran Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid; Narciso de Foxá, quien antes de sustituir a Guillermo Ortega como alcalde había sido edil de Urbanismo y consejero delegado de la empresa pública del suelo Pammasa, y los arquitectos municipales.

El fiscal acusó a Foxá de librar a las promotoras de hacer VPO

El informe detalla cómo el Ayuntamiento dejaba de ingresar cantidades millonarias a favor de los promotores. Sólo en el año 2000, el fraude habría alcanzado los 48 millones de euros. El texto pone como ejemplo la operación de la parcela RN-9: era suelo libre y estaba valorada en 21 millones de euros. El Ayuntamiento la transfirió a Pammasa para que construyera vivienda protegida. Y Pammasa la valoró en dos millones de euros, 19 menos del valor de mercado.

Como Pammasa va a edificar vivienda protegida sobre suelo libre, crea la figura de los 'derechos', que servirán para que los promotores hagan la operación inversa: construir vivienda libre sobre suelo protegido. Esos derechos los vendió Pammasa a 19.000 euros por piso construido, obteniendo 2,5 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento pasó de tener una parcela que podría haber vendido por 21 millones a una de 4,5 millones (dos de parcela más 2,5 de derechos). La diferencia, 16,5 millones, es, a juicio de Peñas, el perjuicio económico del Ayuntamiento y el 'pelotazo' del promotor. Con los beneficios de la venta de la parcela libre, el Ayuntamiento podría haber hecho muchas más VPO.

El Ministerio Público subrayó el descomunal desfase de precios

Manuel Fort, portavoz socialista en Majadahonda, sostiene que el sistema de derechos establecido en esa localidad madrileña 'es escandaloso porque un constructor que tiene que edificar vivienda protegida paga 18.000 euros y convierte un piso protegido que tenía que vender por 180.000 euros en uno libre que cuesta 480.000'.

Tras la denuncia del PSOE, el juzgado de instrucción número 3 de Majadahonda citó como imputado a Narciso de Foxá, ya entonces alcalde de Majadahonda.

Tras un cambio de juez, el nuevo magistrado dio carpetazo al asunto

El fiscal insistió en su interrogatorio en que el precio de los derechos para construir vivienda libre en suelo supuestamente protegido era 'diez veces inferior al precio real y generaba un beneficio inmenso para la constructora Afar 4', la mayor tenedora de suelo de Majadahonda y la principal adjudicataria de parcelas públicas. Foxá negó tal extremo y aseguró que hacían lo que marcaban 'los informes técnicos'.

A juicio de los denunciantes, el fiscal dio en el quid de la cuestión al acusar a Foxá de 'liberar a determinadas constructoras de la obligación legal de edificar viviendas sociales pasándosela al Ayuntamiento', ya que la vivienda protegida la promovía la empresa pública una vez liberados los promotores privados a través de los derechos. El hoy alcalde de Majadahonda volvió a negar la mayor y respondió con circunloquios. También aseguró que la base que usó Peñas para calcular el supuesto desfalco era 'falaz'. Durante el proceso, hubo un cambio de juez y el nuevo archivó el caso. Fort sostiene que 'el juez no supo valorar la magnitud de las pérdidas que este sistema supuso para el Ayuntamiento'.

El informe elaborado por el ex concejal Peñas y que Esperanza Aguirre despreció describe el funcionamiento de, a su juicio, una gran trama urbanística. Los promotores construían vivienda libre en suelo protegido pagando un pequeño canon que les servía para triplicar el precio de los pisos.