En 1999, cuando al liberal-conservador Wolfgang Schüssel firmó un acuerdo para gobernar Austria con el partido ultra de Jörg Haider, todos los socios de la UE establecieron una especie de cordón sanitario que convirtió Austria casi en un apestado e incluso se redujeron al mínimo las relaciones diplomáticas.

Hoy, la UE ha cambiado tanto que gobiernos de países socialmente tan avanzados como Dinamarca y Holanda sobreviven gracias a los votos de los partidos que agitan estas mismas banderas derecha populista y anti-inmigración, pero ya nadie alza la voz para protestar.

El último ciclo electoral, celebrado en plena crisis económica, ha acelerado la tendencia que se apuntaba lentamente: cuando la socialdemocracia se hunde, emerge con fuerza la derecha populista (o al revés), una de cuyas señas de identidad es excluir a los inmigrantes de las prestaciones del Estado del bienestar.

Los socialdemócratas han encadenado en este ciclo los peores resultados desde la II Guerra Mundial en seis países de la UE a 15 (donde esta corriente política tiene una tradición arraigada) y en otros dos han cosechado los segundos peores [ver gráfico]. Y en todos ellos, salvo Alemania y Luxemburgo, ha conseguido la derecha extrema el mejor resultado de su historia.

Especialmente significativa es la evolución de los países nórdicos. En Dinamarca, Finlandia y Suecia gobierna la derecha desde hace años y esta es a su vez presionada por la derecha populista en auge, mientras la socialdemocracia bate récords negativos.

'La derecha populista avanza sobre todo cuando la izquierda es débil', subraya Reinhard Heinisch, investigador de la Universidad de Salzburgo. Y añade: 'Normalmente, logran fijar la agenda indirectamente, más por el miedo de los otros partidos que por su influencia real '.

Dinamarca es quizá el ejemplo paradigmático. Pia Kjaersgaard condiciona desde 2001 la política danesa y ha logrado hasta siete reformas de la ley que regula la inmigración, cada vez más restrictivas. Ahora su prioridad es excluir a los inmigrantes del Estado del bienestar. ¿Cómo? Exigiendo que todo aspirante a la prestación deba acreditar años de residencia legal en el país.