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Destapada en Andalucía una trama de falsos prejubilados

La jueza implica a dos ex cargos de la Junta y un antiguo dirigente de UGT

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La investigación del caso Mercasevilla de corrupción ha destapado la presunta existencia de una trama destinada a colocar a falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE. La Policía, en un informe elevado a la magistrada Mercedes Alaya, que instruye el caso, apunta a Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, Antonio Rivas, ex delegado de la Junta en Sevilla, y Juan Lanzas, antiguo dirigente de UGT, como 'actores' principales del entramado. La jueza ha ordenado una investigación a fondo de todos los ERE desde 2001 al detectar indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Guerrero declaró en un interrogatorio que existía en la Junta de Andalucía un 'fondo de reptiles' expresión que alude a fondos secretos utilizados por los gobiernos para pagar sobornos destinado a salvar a empresas en crisis. Manuel Recio, actual consejero de Empleo, que no estaba al frente de la consejería en el periodo investigado, se sometió ayer a un largo interrogatorio periodístico y lo desmintió con rotundidad: 'El Gobierno andaluz ni tiene ni ha tenido jamás fondos ilegales'. Ese fondo, de 647 millones de euros, proviene de los presupuestos de la Junta de 2000 a 2009, y está perfectamente fiscalizado, argumentó Recio.

Cientos de miles de euros han ido a parar a las cuentas de hombres de paja

Sin embargo, la Policía y la jueza consideran que el problema no está en el origen de los fondos, sino en su destino y en la 'ilicitud' del procedimiento utilizado para otorgarlos, lo que podría implicar la anulación de miles de prejubilaciones. Cientos de miles de euros, por el momento, se han ingresado en las cuentas corrientes de los falsos prejubilados, 'hombres de paja' los llama la Policía. Hasta ahora, en los preliminares de la investigación, se han encontrado cuatro de ellos en tres empresas (Mercasevilla, Río Grande e Hitemasa), uno de los cuales es miembro del PSOE de Jaén.

La Policía afirma en su informe que con la llegada de Guerrero a Trabajo se cambió el procedimiento de concesión de ayudas para prejubilaciones en empresas en crisis. 'El nuevo sistema se basa en un convenio firmado [en 2001] entre Guerrero y el Instituto de Fomento de Andalucía. Con él se consiguen evitar los controles y la fiscalización propia a los que deben estar sometidos los actos administrativos', afirma la Policía.

'Desde ese momento, las ayudas a empresas en crisis agrega el informe no son publicadas en el Boletín Oficial de la Junta, lo que significa un incumplimiento flagrante de la Ley de Hacienda Pública andaluza'. El consejero Recio negó ayer este punto y manifestó que el procedimiento era perfectamente legal y estaba avalado por un decreto de Empleo.

El PSOE tramita un expediente de expulsión del principal implicado

El método seguido por Trabajo y las empresas para la concesión de ayudas, según la Policía, incluía la intervención de intermediarios y brokers de las compañías de seguros que finalmente efectuaban el pago de los ERE. 'Con su aparición se consigue que [la Junta] apruebe un ERE. La documentaciónafirma la Policía se remite a la compañía mediadora y esta, a su vez, envía la relación [de prejubilados] a la aseguradora y a Trabajo para que apruebe el pago. Es en este ínterin cuando se introducen personas ajenas a la empresa que aparecen como trabajadores con derecho al cobro de rentas'.

El caso Mercasevilla se abrió después de que dos empresarios grabaran al ex director del mercado público, Fernando Mellet, pidiendo 450.000 euros en comisiones ilegales y alegando que así lo imponía la Junta de Andalucía. La propia Consejería de Empleo remitió las cintas a la Fiscalía. Luego, el PP presentó una querella y la jueza Alaya asumió el caso. A través de la investigación han salido multitud de irregularidades en la gestión del mercado propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y del Ministerio de Hacienda. Hay gastos sin justificar por todas partes y una presunta venta fraudulenta de suelos con un desfase de 52 millones de euros.

Ayer por la tarde, el PSOE reaccionaba a las nuevas revelaciones incoando un expediente de expulsión de Javier Guerrero, que milita en la agrupación de Sevilla, informó Europa Press.