Publicado: 16.12.2013 18:15 |Actualizado: 16.12.2013 18:15

Detienen a 12 personas en Córdoba por emplear a migrantes sin contrato a cambio de comida

La Policía les arrestó durante un operativo contra la explotación laboral en varios locales de comida rápida. Se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil e infracci&oacut

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Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes  a un total de 12 personas, imputadas por delitos contra los derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil e infracción a la Ley de Extranjería, en un operativo policial contra la explotación laboral en varios locales de comida rápida de la capital cordobesa, donde se han inspeccionado cinco establecimientos de restauración.

Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, la operación se inició en el mes de octubre tras alertar a los agentes sobre una posible situación irregular de los trabajadores de diversos locales de comida rápida de la ciudad, los cuales supuestamente carecían de permiso de residencia, y por tanto, no tenían en su haber los oportunos permisos de trabajo, realizando su actividad sin mediar contrato laboral alguno.

En concreto, en los cinco locales investigados se encontraban trabajando ciudadanos extranjeros que carecían de los oportunos permisos de residencia, y, por ende, de trabajo, razón por la cual fueron detenidos los cinco propietarios de los referidos locales, todos ellos de nacionalidad pakistaní, al demostrarse su participación en delitos contra los derechos de los trabajadores.

Al respecto, la Policía detalla que algunos de los empleados no percibía salario alguno y recibía únicamente comida a cambio de su trabajo. Igualmente, en las inspecciones se detuvo a una persona por usurpación del estado civil, al tratar de identificarse ante los agentes con documentación perteneciente a otro compatriota suyo, así como de otras seis personas por encontrarse en situación irregular en el país.

Mientras, los agentes se incautaron de diversa documentación de interés policial, tales como contratos de trabajo, solicitudes de autorización de residencia y trabajo. Esta operación se enmarca en el convenio firmado el pasado mes de marzo entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.