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El Estatut revela la fragilidad del Constitucional

Tres años de batalla partidista con el Estatuto catalán como arma han minado la autoridad del TC. Las asociaciones de jueces coinciden en que el Tribunal atraviesa una grave crisis

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El próximo 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) retomará su trabajo sobre el Estatut para ultimar un fallo que espera ver la luz desde hace casi tres años. La conclusión del debate tendrá consecuencias irreversibles. Una sentencia contraria a su constitucionalidad sería un golpe severo en la línea de flotación del Gobierno. El revés encendería una previsible cadena de respuestas desde Catalunya teñidas de recelo ante un tribunal convertido en víctima de la pugna política y cuya autoridad se ha visto erosionada a raíz del combate partidario que se esconde en la trastienda del Estatuto catalán.

La autoridad del Constitucional está conectada al respirador asistido. 'Su situación no sé si es crítica, pero desde luego es muy grave, insostenible', admite Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Los diagnósticos coinciden. 'Nadie duda de que está enfermo', recalca desde Jueces para la Democracia Miguel Ángel Gimeno. Una tercera opinión facultada comparte este análisis: 'Muestra una imagen deteriorada, de falta de crédito, politizada, todo lo contrario que tiene que ofrecer un tribunal', remata desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura su portavoz, Antonio García.

Varios síntomas han confluido para minar la imagen de la institución, cuya decisión sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán podría anunciarse en breve.

Espoleados por esta cercanía del fallo, algunos actores políticos han redoblado su presión preventiva sobre el Constitucional. 'Ha habido un manoseo del tribunal por parte de todas las fuerzas políticas, que han contribuido de un modo irresponsable al deterioro de la imagen confiable que tenía que ofrecer', apunta García.

El tribunal retoma el 7 de septiembre el Estatut, cuyo fallo es inminente

El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira, protagonizó hace dos semanas la iniciativa menos sutil. A título personal, aunque ostenta también un cargo institucional y responsabilidades en su partido, ERC, Carod lanzó el 16 de agosto la idea de manifestarse contra cualquier tentación del TC de recortar el Estatut coincidiendo con la celebración de la Diada, fiesta nacional de Catalunya, que se conmemora cada 11 de septiembre.

El Gobierno calificó de 'intolerable' cualquier intento de coacción a un tribunal sobre el que las críticas llueven también sin paños calientes por parte del PP, que situó a la institución 'fuera de la realidad' el pasado mes de mayo, cuando el TC permitió a Iniciativa Internacionalista concurrir a las últimas elecciones europeas.

El portavoz de la APM carga contra la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, por no atajar estos desaires verbales: 'Tenía que haber alzado públicamente la voz para dejar claro ante la opinión pública que en política no se puede hacer, ni se puede permitir todo ¿Vamos los magistrados diciendo al presidente del Gobierno lo que tiene que hacer?', pregunta García. La presión del tripartito catalán se completó el pasado martes con un artículo firmado por el conseller de Educación, Ernest Maragall, instando a desplegar el Estatut al margen de lo que diga el Constitucional.

Las asociaciones judiciales creen que la presión política no influirá en el fallo

¿Qué efecto pueden tener estas críticas? 'A estas alturas, no tienen influencia directa, no modifican. Todo el mundo está ya en el intento de prever por dónde irá el fallo, para saber si hay que comprar aspirinas o mercromina', responde el juez Gimeno.

De puertas afuera, los partidos peinan sus nervios. 'Hay que dejar trabajar al tribunal, y luego respetar la sentencia, sea cual sea lo digo a priori, antes de que se conozca; sea cual sea', enfatiza Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE. El PP ha declinado explicar su postura a Público. esde CiU, su diputado Jordi Jané admite de forma implícita la legitimidad de las críticas ya que el TC 'no forma parte del poder judicial'.

El portavoz nacionalista en materia de Justicia recuerda que el texto ya 'tiene una legitimidad democrática directa al haber sido aprobado en referéndum'. Jané lamenta además que el tribunal que debe fallar sobre el Estatut 'languidezca' en su congelado proceso de renovación: 'La sentencia ha abierto gran tensión en la composición del TC. Nunca antes se había producido en su seno una guerra de recusaciones y el fallo se va a generar en una situación anómala. En lugar de doce magistrados están debatiendo diez, de los cuales cuatro están en una situación de prórroga'.

Jané recuerda así un episodio que marca definitivamente el paso del Estatut por el Constitucional. En otoño de 2007, los actores políticos acabaron definitivamente de perder el miedo a la institución al envolverse en un combate de recusaciones para tratar de descomponer el juego de fuerzas que equilibran el tribunal y desempatarlas a su favor.

Comenzó disparando el PP contra un magistrado progresista, respondió la Generalitat recusando a dos jueces conservadores, el PP maniobró para deshacerse de la presidenta del Constitucional y el Gobierno logró impedirlo recusando a su vez a dos magistrados conservadores.

El PP bloquea la renovación del TC para no perder peso en sus decisiones

'Fue el momento más desastroso e impresentable que ha dado lugar por parte de este TC', describe el magistrado Sexmero. 'Fue terrible, hasta ese momento, uno podía pensar que el tribunal era víctima de los partidos, pero en aquella ocasión, ellos fueron también protagonistas, copartícipes de la deslegitimación de la institución; no estuvieron a la altura', lamenta Gimeno.

La muerte de uno de ellos, Roberto García-Calvo, en mayo de 2008 devolvió la igualdad al equilibrio de sensibilidades en el seno del tribunal.

La pugna partidista para preservar su influencia teórica dentro del tribunal se gestó en un Constitucional dividido aparentemente en dos bloques, progresistas y conservadores.

'Todos hemos contribuido a crear esa sensación, pero no son la correa de transmisión de nadie, ni deben serlo; hay que hacer todos los esfuerzos posibles para superar esa impresión', admite y propone el socialista Villarrubia.

La adscripción a uno u otro grupo es una simplificación teórica que traslada al TC la proporcionalidad de las fuerzas políticas que intervienen en la elección de sus magistrados cuatro el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial.

'Esa supuesta división es una construcción surgida desde determinados medios de comunicación', explica el constitucionalista Nicolás Pérez Sola, profesor en la Universidad de Jaén. 'Si se analizan muchas sentencias del TC en muchos ámbitos se comprueba que no hay adscripción por bloques o monolítica hacia una orientación u otra'.

Desde el desapasionamiento que impone el rigor académico, Pérez Sola recuerda que los miembros del tribunal 'por exigencia de la Constitución, son cualificados juristas de reconocido mérito, competencia y conocimiento'. 'La institución es mucho más que la sentencia del Estatut', subraya.

El TC 'es un contrapoder por definición, y como tal, se encuentra siempre amenazado por presiones, de las que no puede defenderse con facilidad, porque sólo habla a través de sentencias', explica Rafael Bustos Gisbert, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Coincide con Pérez Sola. 'En la inmensa mayoría de las sentencias, los llamados bloques no existen y el TC trabaja de manera absolutamente apolítica sin ningún condicionante por la procedencia en la elección de sus miembros'.

Diez magistrados tienen la llave de la solución del Estatut, divididos simétricamente en dos bloques que responden teóricamente a sendos perfiles conservador y progresista.

El mandato de cuatro de ellos expiró en diciembre de 2007 sin que los dos partidos que están obligados a pactar su relevo, PSOE y PP, hayan consensuado un acuerdo por el bloqueo de los conservadores, temerosos de una ruptura en el actual equilibrio de fuerzas. El sistema de elección se esconde detrás de la crisis de autoridad que afecta al Constitucional, según el magistrado Sexmero. La necesidad de que la renovación se apruebe por mayoría cualificada tres quintos de cada Cámara se ha convertido en un problema a su juicio. 'A la vista del bloqueo, habría que volver a un sistema de mayoría simple la mitad más uno. Es mejor confiar en la pura democracia, aunque eso dé lugar a una mayor presencia de una u otra ideología en función de las mayorías parlamentarias; siempre sería un mal menor comparado con el mal mayor de la situación actual de bloqueo absoluto'.

'El PP y el PSOE no son responsables en este caso a partes iguales; los primeros, imponiendo a ciertas personas como condición sine qua non han utilizado más al tribunal', defiende el portavoz de Jueces para la Democracia. 'Estamos viendo lo peor de un régimen de partidos que nos lleva a un punto de degradación y deterioro democrático alarmante', advierte la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

Doce magistrados componen el Pleno del tribunal que trabaja desdoblado en dos salas de seis magistrados cada una. 'El modelo tiene dificultades por sí mismo', explica Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED. Durante el año 2008, el Constitucional dictó un total de 13.353 resoluciones y 187 sentencias según la memoria de la institución. 'Cuando se creó, en 1978, nadie sabía cómo iba a resultar, pero ahora tiene un trabajo ingente, por el número y la envergadura de los asuntos sobre los que trabaja', explica Gómez, quien cree que algunas reformas legales (ver recuadro en la página anterior) aliviarían el problema. 'De lo contrario, nunca saldrá del colapso', augura.

1-Un tribunal de 20 miembros. 'Doce magistrados para el número de asuntos que ve el Constitucional son poquísimos. El CGPJ, con muchas menos competencias, tiene 20 miembros', explica Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED. Sería necesario reformar la Constitución para acometer este cambio.

2- Nueva estructura interna. El TC trabaja en dos salas de seis magistrados cada una. Gómez cree beneficioso 'crear dentro del Constitucional otro tribunal específico para algunas materias'. Hay precedentes; el tribunal de Justicia de la UE lo hizo cuando se agigantó su carga de trabajo.

3- Una ley de amparo judicial. Todos los amparos que llegan al TC han agotado la vía jurisdiccional ordinaria. 'Crear una Ley de Amparo Judicial le descargaría de trabajo'. Desde 2007, el tribunal sólo acepta aquellos amparos con relevancia constitucional.