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"ETA no pretende dejar las armas, sólo busca ganar tiempo"

Antonio Camacho. Secretario de Estado de Seguridad. Niega a Batasuna capacidad para convencer a la banda

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Ya sólo Rafael Vera ha ocupado la Secretaría de Estado de Seguridad más tiempo que él. Allí llegó Antonio Camacho (Madrid, 1965) desde la carrera fiscal en 2004. Responsable del diseño actual del ministerio, cuentan en sus pasillos que actúa como la 'columna vertebral' del departamento. Todo esto lo valoró Alfredo Pérez Rubalcaba cuando aterrizó en el número 5 del paseo de la Castellana allá por abril de 2006. Eso y la habilidad del ex presidente de la Unión Progresista de Fiscales para manejarse con los mandos de la Policía y la Guardia Civil.

¿Ha interiorizado ETA ya el final de la violencia?

Creo que no, al menos el que el Estado le exige. Lo ha dicho en sus últimos comunicados. La banda no está en la idea de negociar su final, al menos el final que tendría sentido en un Estado democrático, sino que pretende conseguir los objetivos que ha tenido siempre. Si no los consigue, volverá al uso de la violencia.

¿Cuál es la situación interna de la organización terrorista?

Hay que hacer un poco de historia y enmarcar la situación. Tras los atentados de Burgos y Palma [en 2009], la actividad policial consigue desmantelar toda la red de zulos en Francia, detener al jefe de los comandos, al jefe del aparato político, al máximo dirigente de la banda. También impide que se establezca en Portugal y que cree una base en Girona. A partir de ese momento, cesa en sus acciones y en septiembre, haciendo de su necesidad virtud, nos dice que ha decidido ella, y no se le ha impuesto, 'cesar en el uso de las acciones armadas ofensivas'. Todo esto demuestra que la banda no quiere abandonar las armas, sino ganar tiempo. Y eso sólo servirá para prolongar su agonía.

¿Para qué quiere ganar tiempo?

Por una parte, para reestructurar todo su aparato y, por otro, para controlar un debate político que la izquierda abertzale ha estado a punto de sacar de su control.

¿Y si en un momento asume que su apoyo es minoritario y cede ante Batasuna?

Ahora ni siquiera cede a los movimientos que los cercanos a la extinta Batasuna reclaman. No creo que ETA entre en este tipo de consideraciones. La situación actual se convertirá en definitiva únicamente si el Estado sigue con la política antiterrorista que hemos desarrollado a lo largo de nuestra democracia.

¿Qué ocurrirá si ETA declara un alto el fuego definitivo y verificable?

A lo largo de la historia de la banda se ha jugado desgraciadamente con las palabras. La banda, en los últimos años, ha declarado un alto el fuego permanente, un alto el fuego indefinido, y luego ha procedido a romperlos cuando más le ha convenido. Lo único que cabe a estas alturas de la historia es que abandone las armas y lo haga sin ningún tipo de parapeto terminológico. Que diga claramente que nunca más va a utilizar la violencia.

Si no es así, ¿Batasuna no podrá concurrir a las elecciones?

El problema de Batasuna es que, en un momento de debilidad de ETA, también haciendo de la necesidad virtud, se presenta como el elemento que puede hacer que la banda abandone las armas. No parece ser verdad, porque ni siquiera condena el uso de la violencia callejera que se ha producido en los últimos tiempos. No ha conseguido que la banda diga en sus tres comunicados, de ningún modo, que vaya a dejar las armas. Yo creo que es fácil que la izquierda abertzale cercana a Batasuna ponga de manifiesto que abjura de la violencia como método de acción política. Sin embargo, no lo hace. En estas condiciones no creo que esté preparada para el juego democrático.

¿Pero está la opción de acudir en coalición con Eusko Alkartasuna?

Hay muchos escenarios, pero una sola teoría general: si la extinta Batasuna no rompe con la banda o la banda no abandona la violencia, no está en condiciones de participar en unas elecciones. El Estado democrático tiene instrumentos, cada vez más perfeccionados, para que la extinta Batasuna no concurra a elecciones.

Cabe que un sector de la sociedad vasca, incluidos votantes del PSE, no entiendan esa postura...

Desde el ministro hacia abajo intentamos explicar que lo que hacemos, en definitiva, es cumplir la ley, que aquellos que quieran presentarse a unas elecciones deben garantizar su fe en la democracia. Mientras no sean claros respecto al abandono de la violencia y no es difícil ser claro, no podrán presentarse a las elecciones.

Hay voces en el PSE, entre ellas las de su presidente, Jesús Eguiguren, que advierten contra el inmovilismo...

Creo que, en general, el PSE entiende y comparte la política antiterrorista que lleva a cabo el Gobierno.

¿Se convertirá Venezuela en la alternativa que busca ETA al que una vez fue santuario francés?

La política antiterrorista del Gobierno no sólo actúa en el interior, sino también en el exterior. Hay detenciones en Canadá, México... Estamos trabajando desde hace tiempo en evitar que Venezuela pueda ser una especie de santuario de ETA y las últimas declaraciones del Gobierno venezolano creo que ponen de manifiesto que vamos a ser capaces de hacerlo.

¿Y si el supuesto etarra Arturo Cubillas sigue en su cargo en la Administración de Hugo Chávez?

No vamos a hacer política ficción. Vamos a trabajar. Venezuela ha puesto de manifiesto que va a atrabajar para establecer la responsabilidad de este señor en los hechos que se le imputan.

¿Qué porcentaje de presos de ETA se muestra ya partidario de abandonar la violencia?

Afortunadamente, cada vez más. Y eso pone de manifiesto que estamos en el camino correcto.

¿Es el final de ETA la baza que juega el presidente para ganar las próximas elecciones?

No creo que ni el presidente, ni el Partido Socialista configuren o interpreten la política antiterrorista que está ejecutando el Gobierno como una baza, sino como una obligación y una responsabilidad.

¿Pagó España un rescate por la vida de los cooperantes?

El ministro de Asuntos Exteriores, en sede parlamentaria y con todo tipo de formalidades, ha manifestado que no.

Pero hay malestar en países clave para luchar contra Al Qaeda en el Magreb, como EEUU o Argelia.

No tengo claro que se hayan producido ese tipo de reacciones. Incluso mis informaciones apuntan a todo lo contrario. En cualquier caso no se ha trasladado ninguna queja a España.

¿Tiene fundamento la preocupación de un sector de la Guardia Civil sobre el futuro de la institución?

Hablamos todos los días con los mandos y no creo que haya una preocupación extremada por el futuro de la Guardia Civil. Los mensajes que lanza el ministro [Rubalcaba] es que la Guardia Civil es una institución fundamental para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Al mismo tiempo, probablemente este sea el Gobierno que más ha hecho por los derechos y deberes de los guardias, por sus condiciones laborales. No hemos llegado a entender la reacción de unas asociaciones a las que nosotros dimos palabra y voz y que se han introducido probablemente en una estrategia equivocada.

¿Es la huelga de bolis caídos' lo que realmente preocupa al Ministerio del Interior?

En ningún momento se ha hecho un planteamiento desde el punto de vista tributario. Lo único que ha preocupado en el ministerio es el estricto cumplimiento de la ley.

¿Afectan los ataques del PP a los investigadores en su lucha contra la corrupción?

Sin duda. En este momento, desgraciadamente, Policía y Guardia Civil están obligados a trabajar bajo una gran presión como consecuencia de la política de información del PP. Hay denuncias de corrupción, de mala actuación policial continuamente. Y se producen cuando se ven afectados sus responsables. Lo que trata el Partido Popular es de lanzar barro para encubrir la presunta responsabilidad de aquellos de sus militantes que están implicados en procesos judiciales.

¿Qué opina de las deportaciones de gitanos en Francia?

Nuestra política de inmigración es distinta. Creo que hacemos una apuesta por los grupos cuya integración es complicada. Además, la etnia gitana lleva conviviendo con nosotros siglos y forma parte de nuestra cultura y tradición.