'De las listas del PSOE para las elecciones municipales del 22 de mayo no formarán parte personas imputadas por corrupción y enriquecimiento ni condenadas'. Este compromiso, que ocupa dos líneas en el programa-marco para las elecciones locales, ha generado tensiones en el PSOE por diferencias de interpretación.

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general de los socialistas en esta comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, expresó ayer su rechazo a 'establecer esa generalidad, que pondría en manos de los jueces y los fiscales las listas electorales', según informa Efe.

Fernández Vara se mostró de acuerdo con el planteamiento de que no sean candidatos 'las personas imputadas por delitos de aprovechamiento, enriquecimiento personal y corrupción en beneficio propio'. Pero advirtió: 'Cuando se habla de otra cosa, se iría mucho más allá de lo que la Constitución establece. Todo el mundo sabe diferenciar perfectamente que en el ejercicio de unas funciones se hayan podido producir determinados hechos que te beneficien o que no te beneficien'.

'El que haya metido la mano tiene que estar a mil leguas de una lista del PSOE, pero si nos creemos lo de la presunción de inocencia, por qué limitar a quienes no hayan metido la mano en el ejercicio de sus funciones y estén sujetos a una investigación judicial', agregó Fernández Vara.

Vara y Hernando coinciden en descartar la 'generalización'

El secretario federal de Política Municipal, Antonio Hernando, dijo a Público que comparte las consideraciones hechas por Fernández Vara, aunque no aclaró si eso se traducirá en alguna matización del texto incluido en el programa-marco. El documento fue debatido este fin de semana en la convención celebrada en Sevilla, pero no será definitivo hasta que lo apruebe elComité Federal, que está convocado para el 19 de marzo.

Hernando explicó que la referencia a 'personas imputadas por corrupción y enriquecimiento' debe entenderse como 'corrupción ligada al enriquecimiento'. 'Lo que decimos señaló es que los acusados de haber metido la mano en la caja o dinero en su bolsillo, enriqueciéndose así directamente o bien aceptando regalos, no pueden ir en las listas del PSOE. Lo que no vamos a hacer es generalizar ese criterio para todos los imputados, porque eso sería absolutamente injusto'.

Como ejemplo de esta última situación puso el de un alcalde andaluz que está procesado por desobedecer una orden judicial que instaba el derribo de una construcción ilegal en una finca agrícola utilizada por su propietario para guardar los aperos de labranza. También apuntó que, dada la 'complejidad de la normativa urbanística que rige en los ayuntamientos', puede haber personas imputadas por 'simples errores de procedimiento o por adoptar decisiones sin haber recabado todos los informes preceptivos'.

El Comité Federal podría matizar los criterios del programa-marco

Hernando señaló como un supuesto claro de 'corrupción ligada al enriquecimiento' el del president del País Valencià, el conservador Francisco Camps, que recibió de la trama Gürtel 14.000 euros en trajes, según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

El otro supuesto de exclusión de las listas, el que alude a las personas 'condenadas', es el que se ha aplicado a la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Trinidad Rollán, condenada a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionada con una decisión urbanística en la que, según el fallo judicial, no hubo enriquecimiento personal.

El apartamiento de los condenados se atiene a la nueva Ley Electoral

El criterio aplicado para excluir a Rollán de las candidaturas electorales es una traslación de la nueva Ley de Régimen Electoral General, que está en vigor desde el 30 de enero. En su artículo 6.2. b), se establece: 'Son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma [sentencia] haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal'.

Un caso conflictivo es el de Elia María Blanco, alcaldesa de Plasencia (Cáceres) y candidata a la reelección, queal igual que otros cuatro concejales de su equipo está imputada por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones fiscales, por haber favorecido supuestamente a un constructor, también militante del PSOE, en siete grandes obras de la ciudad que no fueron sacadas a concurso público.

Fernández Vara defendió que, en este caso, 'nadie va a poder decir que haya habido, por parte de nadie de los responsables públicos, ningún tipo de enriquecimiento como consecuencia de decisiones administrativas'.

La portavoz del PSOE de Extremadura, María Ascensión Murillo, también sostuvo que todas las candidaturas municipales presentadas por los socialistas en esta comunidad se atienen a los criterios fijados en el programa-marco, según informa Europa Press. 'No existe ningún caso en Extremadura', dijo Murillo.

La dirigente extremeña señaló que, en todo caso, 'puede haber habido alguna irregularidad administrativa', pero 'no hay ninguna sombra' de enriquecimiento de los imputados. Hernando, por su parte, dijo desconocer los detalles de este supuesto.

En cuanto al criterio que también se establece en el programa-marco de diferenciar entre responsabilidades políticas y penales, el secretario de Política Municipal señaló que en el PSOE se han tomado en múltiples ocasiones decisiones de carácter 'cautelar'. Una de las más recientes es la suspensión de militancia que se ha aplicado a Antonio Amorós, que era portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante cuando su nombre apareció implicado en el caso Brugal, en el que se investigan irregularidades en la contrata de basuras.