Desde el pasado viernes, el fuego ha calcinado en Galicia, según algunas estimaciones, más de 4.500 hectáreas, aunque la Xunta sólo admite una superficie afectada de 1.800 hectáreas. La opacidad informativa del Gobierno gallego hace difícil conocer con precisión el daño real, porque el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo (PP) tiene como norma no informar de incendios que afectan a menos de 20 hectáreas. La Consellería de Medio Rural sí admite en cambio que en el fin de semana se declararon '400 incendios, el 90% de ellos provocados', aunque no señala su alcance.

Por ahora, son los montes ourensanos los que se han llevado la peor parte. Toda esta provincia lleva varios días envuelta en una nube de cenizas y humo. Las llamas, que han alcanzado el Macizo Central y el Parque Natural del Xurés, fronterizo con Portugal, avanzaban sin control, al cierre de esta edición, por las sierras de San Mamede y O Caudillo, próximas al municipio de Maceda, e incluidas en la Red Natura. Pero Lugo tampoco está a salvo. En la madrugada de ayer se decretó durante unas horas el nivel 1 de alerta, dada la cercanía de las llamas al núcleo urbano de Corvelle, en Vilalba.

El PSdeG vincula lo ocurrido con los recortes del Gobierno de Feijóo

Con este panorama, y mientras las llamas se avivan anoche había aún 14 incendios activos de más de 20 hectáreas, la Xunta y la oposición volvieron a enfrentarse ayer a cuenta de la prevención del fuego. Así, la portavoz de Medio Ambiente del PSdeG-PSOE, Carmen Gallego, vinculó la oleada de incendios con 'la política de tijera' de Feijóo. La diputada cifró en 22 millones el recorte en prevención del fuego y señaló que 'por cada euro bien gestionado, se ahorrarían tres en extinción'.

Gallego censuró asimismo que se hayan eliminado las ayudas a las comunidades de montes y que los ayuntamientos percibieran 'millón y medio de euros menos en ayudas para prevención'. 'Este verano ardió poco, pero lo poco que ardió se apagó con medios del Estado, como ahora', apuntilló en alusión a los más de 400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplazados estos días a Galicia.

Los guardas forestales claman contra la falta de medios

Los sindicatos también denuncian la política contra el fuego del PP. Los agentes forestales hace semanas que reiteran que no se cubren las bajas laborales y que las brigadas las conforman en ocasiones 'dos personas o incluso una'. 'El cansancio por la acumulación de horas de trabajo y el descontrol es total', señalan representantes de CCOO, UGT y CIG. En esta línea, un brigadista de Ourense precisó a Europa Press que en las labores de extinción que se llevan a cabo en Montederramo (Ourense), donde las llamas amenazaban a tres poblaciones, sólo participaba un capataz. El mismo trabajador alertaba de que las llamas, que avanzaban a diez hectáreas por minuto en la provincia, no se extinguirían 'hasta la llegada de las lluvias' dada la carestía de medios.

No es la primera vez que los brigadistas solicitan más efectivos. El 4 de septiembre los agentes se concentraron ante la sede de la Xunta para alertar del peligro de mantener 'incompletos' los operativos antiincendios.

Igual de crítico con el Ejecutivo autonómico se mostró el portavoz de Medio Ambiente del sindicato CIG, Anxo Pérez Carballó, que acusa a la Xunta de 'abandonar Galicia a su suerte' al mantener un operativo contra los incendios al 40% para obtener un 'supuesto ahorro público'. Carballo apunta que 'hay incendios de más de mil hectáreas que son atendidos por una sola brigada y un agente forestal' y acusa a la Xunta de rescindir 'cientos de contratos' a mediados de septiembre, cuando se conocían las predicciones de tiempo seco para este mes. También acusa a la Xunta de ocultar deliberadamente el número de incendios y la superficie afectada.

Bien distinta es la lectura del conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, que reclamó ayer que las Fuerzas de Seguridad del Estado aumenten sus dispositivos en Galicia para hacer frente al aumento de 'incendios intencionados'. Por su parte, el director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, argumentó que 'responder a una acción delictiva con contrataciones y refuerzos' supone 'alimentar una economía del fuego, que la Xunta pretende evitar'.