La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que el chivatazo que recibió en mayo de 2006 Joseba Elosua dueño del bar Faisán en Irún, al que se investigaba dentro de una trama de extorsión de ETA puede ser constitutivo de los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada. Al haberse realizado por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 'adquiere una gravedad, sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España', lo que obliga a 'agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios'.

El auto de la Sección Segunda, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, es contundente respecto a la necesidad de continuar la investigación, como había decidido el propio Garzón al no contestar a la petición de archivo formulada por la Fiscalía el pasado mes de octubre y al acordar nuevas diligencias, aunque no todas las que querían las acusaciones ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. Pero ello no ha sido obstáculo para que el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aprovechara la decisión de la Audiencia para mostrar su satisfacción.

Ahora declarará el policía que dirigía la operación contra la trama de extorsión

A las diligencias acordadas por Garzón, se sumarán ahora las tres ordenadas por la Sala. El resto de pruebas que solicitaban las acusaciones, que sumaban decenas, han sido rechazadas. La AVT pretendía incluso que se repitieran todas las declaraciones y pruebas practicadas en el caso, amparándose en que se habían realizado bajo secreto sumarial.

La Sala respalda a Garzón y considera que no está justificada ninguna repetición de pruebas. Tampoco accede a la petición de que sea la Guardia Civil la que investigue lo ocurrido. 'La Sala comparte también el criterio de confianza manifestada por el juez instructor en los funcionarios investigadores y prueba de ello es que el informe con mayor fuerza incriminatoria existente en autos fue elaborado por los policías encargados de la investigación previa', señala la resolución.

La Sala coincide con el fiscal en no ver indicios contra los tres imputados

Las pruebas aceptadas son la declaración del funcionario policial que dirigía la operación contra la trama de extorsión de ETA, en la que se produjo el chivatazo, y luego, por orden del juez Fernando Grande-Marlaska cuando sustituía a Garzón, fue quien investigó lo ocurrido. El juez Central de Instrucción número 5 rechazó esta prueba, al considerar que era 'inútil y perjudicial para la instrucción'.

En cambio, 'la Sala entiende que, habida cuenta la naturaleza de los hechos y su especial singularidad; esto es, que la posible filtración de la investigación sólo puede provenir de responsables de la misma, la declaración de este funcionario, lejos de ser inútil y perjudicial, resulta necesaria con el fin de esclarecer los hechos lo más posible'.

Es decir, la Sala de lo Penal llega a una conclusión similar a la que llevó a la fiscalía a pedir el archivo: que la investigación 'descarta a los hasta ahora imputados', el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria. Sin embargo, la Sala, a diferencia del fiscal, quiere abrir una nueva vía de investigación que incida en lo declarado por Elosua, que dijo entender que 'la persona' que le llamó, mientras estaba en su coche con su cuñado, Carmelo Luquin, 'es la que controla a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos'. En esa llamada se le advirtió de la inminencia de su detención, tras una cita que iba a mantener con el etarra José Antonio Cau Aldanur. La operación policial fue abortada por las propias autoridades francesas.

Las otras pruebas acordadas son: tomar declaración a dos agentes de la Brigada Provincial de San Sebastián y pedir a Francia los datos que tengan sobre la cabina utilizada por Elosua, y las intervenciones telefónicas hechas a Cau Aldanur.